La profusión y dispersión legislativa en España es de una densidad y complejidad considerable y se agrava en Canarias donde en el año 2020 se aprobaron 32 nuevas normas con rango de ley, lo que supuso un incremento del 10,34% respecto al año anterior, mientras que la media del Estado se situó en el 7,44%, según informa el CEOE en un comunicado.Analizando el número de páginas de los boletines oficiales, que generan el complejo entramado económico legislativo al que tienen que enfrentarse el tejido empresarial, y la sociedad en general para sacar adelante sus proyectos y sostener la viabilidad de sus empresas, en el archipiélago se produjo un descenso del 6%. Sin embargo, esto supuso un esfuerzo menor a la media nacional, en la que la reducción llegó a ser próxima al 9%. En las Islas Canarias, durante el año de la pandemia se publicaron 42.055 páginas en el Boletín Oficial, a lo que hay que sumarle las 793 nuevas normas de distinto rango publicadas a nivel nacional y los 2.030 actos jurídicos europeos.Lo anterior se traduce en una excesiva carga burocrática por parte de las empresas al tener la obligación de controlar e interpretar las distintas normas, lo que conlleva dedicar recursos a tareas no productivas, perjudicando su competitividad, cuando no se contradicen entre sí, incumpliendo el pacto de la administración pública con los agentes sociales, de eliminar dos leyes por cada ley aprobada.
Este acuerdo, además, descargaría de procedimientos judiciales las interpretaciones contradictorias entre el sector público y privado, agilizaría el número de procedimientos judiciales y ayudaría a viabilizar los proyectos empresariales así como la colaboración público privada.