Los funcionarios canarios reclaman al Estado que actualice la indemnización por residencia de los empleados públicos destinados en las Islas. Su petición llega después de que el Gobierno central anunciara una mejora para Baleares dejando fuera, por el momento, a Canarias —aunque todo está por resolverse en las próximas semanas—.
La petición por parte de los sindicatos persiste en un contexto —advierten— de que el coste de la vivienda, la cesta de la compra y la condición ultraperiférica de las Islas están haciendo cada vez menos atractivos los puestos de trabajo públicos en el Archipiélago.
Mesa negociación
La reivindicación llegará a la mesa de negociación que está prevista para finales de septiembre —aunque se encuentra sujeta a cambios en la fecha—. El objetivo del encuentro es abordar el acuerdo marco para la mejora del empleo público firmado con el Estado.
El presidente provincial de CSIF en Las Palmas, Javier Cruz, recuerda que el acuerdo contempla expresamente la revisión de los complementos de residencia e insularidad y sostiene que ahora corresponde a Función Pública presentar una propuesta económica —que debe contar con una autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda—.
Circunstancias geográficas
El representante sindical detalla que intentarán conseguir que en Canarias “se cobre lo máximo posible" debido a las circunstancias geográficas y económicas del Archipiélago.
La polémica llegó este verano, cuando el Consejo de Ministros aprobó la actualización de la indemnización por residencia para Baleares —sin mencionar a Canarias—. Antonio Terrones, secretario del Sector de la Administración General del Estado en UGT Canarias, considera que la futura reunión debe servir para retomar la situación del Archipiélago.
Más allá de la vivienda
"Esperamos que en esa reunión, donde se formalice el acuerdo para subir a Baleares, se retome el tema de Canarias", explica Terrones.
En cualquier caso, merece la pena resaltar que la indemnización por residencia no nació para compensar costes como el de la vivienda, sino para equilibrar las dificultades derivadas de trabajar en determinados territorios. En el caso de las Islas, por la lejanía que tiene con la Península.
Depender de barcos
Comisiones Obreras, por su parte, reclama una revisión específica para Canarias. Laura Rodríguez, coordinadora del sector Estado del sindicato, recuerda que la indemnización no se actualiza desde 2007 en las Islas. Critica que el Archipiélago haya vuelto a quedar fuera de una negociación que ha mejorado las condiciones de los funcionarios destinados en Baleares.
"CCOO lleva trabajando en este tema un montón de años. Es cierto que desde 2007 no nos actualizan", explica Rodríguez. La sindicalista sostiene que Canarias no puede compararse directamente con Baleares, porque a la insularidad se suma la condición ultraperiférica y la dependencia de vuelos y barcos para desplazarse fuera del territorio.
Alquileres
Rodríguez insiste, además, en que no se puede convertir el precio de la vivienda en el único criterio para determinar la indemnización. "La vivienda en las Islas es cara, la cesta de la compra es cara y lo que no puedes es compararlo. En Canarias tenemos que partir de la base de que es ultraperiférica", afirma.
El problema de la vivienda, sin embargo, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes obtienen una plaza pública en las Islas. Javier Cruz (CSIF) pone como ejemplo la situación de un funcionario que puede percibir alrededor de 1.300 euros mensuales y encontrarse con alquileres de 800 o 900 euros.
"Un administrativo puede estar en 1.300 euros", explica el presidente provincial de CSIF. Sostiene que en algunos municipios de Canarias se han encontrado incluso con rentas que alcanzan los 1.200 euros en pisos que no son excesivamente grandes.
Plazas que no se cubren
Pero la cosa no queda ahí. Los sindicatos advierten de que el problema no se limita a las dificultades económicas de los trabajadores, sino que empieza a tener consecuencias sobre la capacidad de las administraciones para atraer y retener empleados públicos.
Cruz asegura que ya se están produciendo situaciones en las que personas que superan una oposición, pero no llegan a tomar posesión de su plaza en Canarias. ¿La razón? El nivel de vida en las Islas hace que no sea un destino atractivo para quienes pasan el examen.
Falta de trabajadores
Desde UGT apuntan en la misma dirección y relacionan las condiciones de los puestos con la dificultad para cubrir determinadas vacantes. Terrones asegura que en Canarias hay menos empleados públicos por habitante que en el conjunto del Estado en servicios como la Seguridad Social o el SEPE.
"Todos los servicios públicos tenemos menos dotación porque los puestos de trabajo son menos atractivos y eso es una obviedad", sostiene. Bajo su punto de vista, la situación termina afectando también a los ciudadanos, debido a la rotación de trabajadores y a la falta de cobertura de puestos.
Cantidades
La actual estructura de la indemnización por residencia genera grandes diferencias entre las islas en función del destino y de la categoría profesional. Terrones explica que un funcionario del grupo A1 destinado en Gran Canaria o Tenerife percibe actualmente unos 206 euros brutos mensuales, mientras que en las islas menores la cantidad asciende a 669 euros.
En el caso de las ciudades autónomas, la diferencia es todavía mayor: Ceuta y Melilla alcanzan los 1.059 euros mensuales para un A1, según los datos aportados por UGT. Para Terrones, estas diferencias evidencian que el sistema ha quedado desfasado respecto a la realidad actual de la movilidad y los costes asociados a los distintos territorios.
CCOO también reclama revisar esas diferencias entre islas. Laura Rodríguez asegura que el sindicato lleva años trabajando en unas tablas para modificar las cuantías y reducir la brecha entre los destinos de las islas capitalinas y las no capitalinas.
¿Movilizaciones?
Una posibilidad que sobrevuela en el ambiente es la posibilidad de incrementar la presión. UGT plantea la posibilidad de buscar una unidad sindical con otras organizaciones si durante este mes de septiembre el Archipiélago no tiene protagonismo en la negociación.
"Si se vuelve a no hablar de Canarias planteamos incluso movilizaciones, protestas, concentraciones, lo que sea", advierte Terrones.
El objetivo inmediato es que Canarias entre en la negociación estatal. Los sindicatos coinciden en que la actualización de Baleares demuestra que el Gobierno puede revisar el sistema y reclaman que la condición ultraperiférica de Canarias sea tenida en cuenta a la hora de establecer las nuevas cuantías.
Ceuta y Melilla
Para CSIF, la referencia debe acercarse a las cantidades que perciben los empleados públicos destinados en las ciudades autónomas. "A nosotros nos parece lo más lógico acercarnos a Ceuta y Melilla", señala Cruz.
Rodríguez (CCOO), en su caso, reclama que se vuelva a analizar el modelo desde el origen de la indemnización: compensar la distancia, la insularidad y las dificultades de movilidad que implica trabajar en Canarias.
En definitiva, consideran que mantener las cuantías actuales supone agravar un problema que ya afecta a la cobertura de plazas y, por extensión, a la prestación de los servicios públicos. La negociación prevista será el primer paso para comprobar si el Gobierno incorpora finalmente a Canarias a la revisión de la indemnización por residencia.
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