La crisis en la Fundación Puertos de Las Palmas (FPLP) sigue abierta. El Patronato de la entidad, que se reunió este lunes para aprobar las cuentas anuales y los premios Puerto, se ha visto obligado a posponer la votación de las cuentas tras el informe de la auditoría realizado por Puertos del Estado.

La presentación de las cuentas ha sido retrasada hasta que la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) mantenga una reunión con Puertos del Estado. El objetivo es aclarar el alcance y las posibles consecuencias jurídicas de la auditoría, cuyas conclusiones revelan irregularidades importantes en materia contable, de contratación y de personal, entre ellas la asignación de la plaza de la gerente a dedo, sin concurso público ni proceso de selección, a penas dos días después de indemnizar a la anterior responsable con más de 120.000 euros. 

Alegaciones rechazadas

La hoja de ruta pasa por volver a convocar a los patronos este viernes, tras la reunión que previsiblemente mantendrá Beatriz Calzada esta semana con Puertos del Estado.

Calzada es presidenta tanto de la APLP como de la Fundación. Los patronos que asistieron a la reunion le pidieron explicaciones, pero el debate de fondo se pospuso hasta la próxima asamblea.

La situación es complicada porque los auditores han rechazado todas las alegaciones presentadas. Mantienen, por tanto, sus conclusiones, entre ellas la recomendación de disolver la entidad ante la dificultad de privatizarla, que es lo exigido por una orden de Hacienda dictada en 2013. A esto se unen las anomalías detectadas en la contratación y en la gestión de la nueva gerente. 

Amenaza de desbandada

La marejada en el seno de la Fundación no es solo formal. Según varias fuentes portuarias consultadas, la inquietud ha calado hondo tanto en los patronos públicos como en los privados. El ambiente es de preocupación, igual que en el Consejo de Administración de la APLP, pues ambos son órganos colegiados que podrían incurrir en responsabilidades patrimoniales si no se toman las decisiones adecuadas para gestionar las advertencias de los auditores.

El Patronato, además, tiene que validar las cuentas, esto es, la gestión de la gerente. La preocupación es de tal magnitud que algunos de los patronos valoran en privado si quedarse o salir de la Fundación, condicionando su decisión al resultado de las aclaraciones que haga Puertos del Estado. Las dudas afectan tanto al sector privado como al público, aunque ninguno de los consultados ha querido hacer declaraciones o adelantar su postura.

Entre los patronos natos hay instituciones públicas como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad,  Capitanía Marítima o la Armada, mientras que entre los privados destacan compañías como Astican, Boluda, Hamilton, la Corporación de Prácticos y  patronales como Fedeport o Oneport, entre otros.

El origen del conflicto

El informe, aparte de contratación irregular de la gerente, detalla la existencia de 26 contratos menores publicados, nueve licitados por un importe de hasta 14.999,99 euros, bordeando de forma deliberada el límite legal de los 15.000 euros para evitar el concurso público.

Algunos de los contratos están relacionados con personal de Coalición Canaria (CC) o de empresas y trabajadores afines a la gerente, que también es secretaria del área electoral de la formación nacionalista.

Además de anomalías en la tramitación de los contratos menores, los auditores aprecian un aumento del gasto promocional ajeno a la actividad del puerto, así como el fraccionamiento de servicios a empresas de trabajo temporal, con desembolsos que ascienden a 64.072,50 euros para cubrir puestos estructurales y permanentes, algo que prohíbe taxativamente la ley para evitar los principios de publicidad y concurrencia.