Glovo, que cuenta con cerca de 400 repartidores en Canarias, anunció este lunes que abandonará el modelo de trabajadores autónomos en España y comenzará a contratar a sus repartidores como empleados. Este cambio llega tras años de polémica por el uso de falsos autónomos y sanciones de la Inspección de Trabajo por 57 millones de euros.
En un comunicado, la compañía, fundada en 2015 en Barcelona, afirmó que la medida responde a su compromiso con España, país que sigue siendo su principal mercado. Además, anunció la apertura de una mesa de diálogo con agentes sociales para definir los detalles del cambio y animó a otros operadores del sector a sumarse a esta transición.
Paso clave
La decisión de Glovo se produce en un contexto de creciente presión judicial y social. La Fiscalía de Barcelona denunció a la empresa en junio por presuntamente obligar a sus repartidores a darse de alta como autónomos, cargando con sus propias cotizaciones para seguir trabajando.
Según la Fiscalía, esta práctica supone una vulneración de los derechos laborales, como salario mínimo, descansos, vacaciones y cobertura en la Seguridad Social. Estas acusaciones llevaron a una juez de Barcelona a investigar al consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre.
Impacto en Canarias
En las islas, donde Glovo emplea a unos 400 repartidores, el cambio de modelo podría generar un impacto significativo en el mercado laboral. Los trabajadores, hasta ahora obligados a operar como autónomos, tendrán acceso a derechos laborales básicos, como contratos estables y cotización a la Seguridad Social.
La compañía no ha precisado cuándo comenzará a aplicar este cambio, pero ha garantizado que no afectará la disponibilidad de repartidores en sus más de 900 ciudades operativas.
Economía digital
Glovo destaca que este paso refuerza su compromiso con el desarrollo de la economía digital en España y asegura que la transición a contratos laborales consolidará su modelo operativo en el país. Además, la mesa de diálogo incluirá propuestas para que otras empresas del sector puedan implementar procesos similares.
La decisión de la plataforma marca un hito en el sector de reparto en España y se convierte en un ejemplo para otros operadores que enfrentan desafíos similares en el marco de la legislación laboral vigente.