El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, dirigida por Migdalia Machín, ha aprobado una aportación económica adicional de dos millones de euros para reforzar la financiación de las universidades públicas del Archipiélago. La medida permitirá atender necesidades de funcionamiento y mejoras en infraestructuras, con un plazo de ejecución que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta inyección económica se concibe como un apoyo complementario para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad académica e investigadora, facilitando a las universidades una mayor capacidad de planificación y ejecución de sus actuaciones.

Reparto de los fondos

Del total autorizado, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibirá un millón de euros, que se destinará a gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de las instalaciones y la prestación de servicios esenciales para el funcionamiento diario de los campus.

Por su parte, la Universidad de La Laguna (ULL) contará también con un millón de euros, que se empleará en gastos de capital orientados a la mejora de infraestructuras, la adecuación de espacios docentes y la modernización de equipamientos.

Complemento a otras aportaciones

Machín explicó que esta dotación adicional permite cubrir necesidades tanto operativas como de inversión, reforzando la estabilidad financiera de las universidades públicas canarias. Asimismo, precisó que esta medida es independiente y complementaria a la aportación extraordinaria de 5,3 millones de euros anunciada previamente para garantizar el incremento retributivo del 2,5 % del personal universitario.

En el caso de la ULPGC, los fondos se aplicarán a servicios directamente vinculados al funcionamiento cotidiano, como la limpieza de edificios y la seguridad. En la ULL, la financiación se destinará a la mejora de infraestructuras digitales y a actuaciones de mantenimiento, accesibilidad y adecuación de edificios destinados a la docencia.

Apoyo al sistema universitario público

La consejera subrayó que esta decisión se enmarca en una política de fortalecimiento del sistema universitario público, “orientada a garantizar que las universidades dispongan de los recursos necesarios para desarrollar su labor en condiciones adecuadas y con estabilidad”.

La orden aprobada contempla el abono anticipado del 100 % de la aportación adicional y fija los plazos y mecanismos de justificación conforme a la normativa vigente.