Fernando Clavijo (c), junto a representantes sindicales, en la firma del acuerdo de la carrera profesional de la Administración General. EFE/ Quique Curbelo
Fernando Clavijo (c), junto a representantes sindicales, en la firma del acuerdo de la carrera profesional de la Administración General. EFE/ Quique Curbelo

El Gobierno canario fija la carrera profesional de sus empleados: hasta 12.144 euros más al año por antigüedad en 2030

Un decreto ley publicado este martes en el BOC concreta las cuantías del acuerdo pactado con los sindicatos en octubre. El complemento se cobrará de forma gradual desde julio de 2027 y llegará al cien por cien en 2030

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El Gobierno de Canarias ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el decreto ley que pone en marcha la carrera profesional horizontal del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Este se trata de un complemento salarial que reconoce la antigüedad sin necesidad de cambiar de puesto y que empezará a cobrarse en la nómina de julio de 2027.

La norma, aprobada el pasado lunes en Consejo de Gobierno, convierte en texto oficial el acuerdo que CCOO, UGT y CSIF anunciaron en octubre. Además, concreta lo que entonces faltaba: las cuantías, que irán desde 888,24 euros anuales en el escalón más bajo de la agrupación profesional E hasta 12.144,36 euros brutos en el más alto del grupo A1, cuando se cobren al completo en 2030.

El propio Ejecutivo reconoce en el texto que la medida sirve para “saldar una deuda histórica” con este personal. Los trabajadores llevaban casi veinte años esperando la aplicación de un derecho recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007.

Cinco escalones

Quienes tengan al menos cinco años de antigüedad a 31 de diciembre de 2026 serán encuadrados de oficio, de forma excepcional y por una sola vez, en uno de los cinco escalones. Con 5 años se accede al primero, con 11 al segundo, con 17 al tercero, con 23 al cuarto y con 28 al quinto.

La Administración tendrá de plazo hasta el 30 de junio de 2027 para resolver ese encuadramiento y los trabajadores que no quieran acogerse podrán renunciar por escrito.

Las cantidades varían según el grupo profesional. En el A2 van de 1.539,84 a 9.230,28 euros anuales; en el C1, de 1.184,16 a 7.161 euros; y en el C2, de 1.036,08 a 6.266,28 euros.

Para tener derecho al complemento habrá que estar en servicio activo o en una situación asimilada el próximo 1 de enero. Entre esas situaciones el decreto incluye las excedencias por cuidado de hijos o familiares y por violencia de género, y deja fuera a quien ya cobre en otro sistema de carrera profesional de la Comunidad Autónoma.

Un cobro gradual hasta 2030

El complemento se abonará por tramos: el 25 % en 2027, el 50 % en 2028, el 75 % en 2029 y el 100 % en 2030. Cada año se repartirá en doce partes junto a las nóminas ordinarias.

En la nómina de julio de 2027 se pagará también lo correspondiente a los meses de enero a julio. Así, un funcionario del grupo A1 con 28 años de servicio cobrará en 2027 unos 3.036 euros por este concepto, la cuarta parte del importe total de su escalón.

A partir del encuadramiento inicial, subir de escalón será voluntario y exigirá una evaluación del desempeño positiva, además de cumplir el tiempo de permanencia que se fije. Los escalones conseguidos no se pierden, y el modelo definitivo se desarrollará mediante un decreto del Gobierno.

De la protesta sindical al BOC

El camino hasta el decreto ha tenido sus tensiones. En agosto, seis sindicatos (CCOO, Co.bas, CSIF, Intersindical Canaria, SEPCA y UGT) exigieron una partida en los presupuestos de 2027 y advirtieron de que “no aceptarían nuevos aplazamientos” y se quejaron de que el presidente, Fernando Clavijo, no los había recibido.

En octubre, como publicó este periódico, CCOO, UGT y CSIF anunciaron el pacto con el Ejecutivo. CCOO lo celebró como la forma de evitar “una carrera profesional de segunda categoría”.

Aquel acuerdo iba a incluirse en la Ley de Presupuestos de 2027, pero el Gobierno ha optado finalmente por un decreto ley. En su exposición de motivos, el Ejecutivo precisa que los términos pactados quedan sujetos a lo que resulte de la tramitación parlamentaria de esas cuentas.

El decreto reorganiza también las listas de empleo público y el nombramiento de interinos, como informó este periódico, y deberá ser convalidado por el Parlamento de Canarias.

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