La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha asegurado este martes que solo habrá una rebaja generalizada del IGIC si el Gobierno de España flexibiliza la regla del gasto. Así lo reiteró durante una interpelación del grupo Socialista en el pleno del Parlamento regional.

Asián recordó que esta medida fue planteada en campaña electoral, y pidió que el Estado aplique a Canarias los mismos criterios de gasto que la Unión Europea le concede al propio Ejecutivo central. Mientras tanto, defendió que ya se han implementado algunas rebajas limitadas del impuesto.

Balance de gestión

En su intervención, la consejera dividió el balance de legislatura en dos ejes: por un lado, el compromiso con la sostenibilidad del estado del bienestar, y por otro, la promesa de una fiscalidad justa y progresiva. Reconoció que la falta de apoyo del Gobierno central ha dificultado alcanzar plenamente ambos objetivos.

Asián subrayó que no ha sido posible una reducción general del IGIC debido a la rigidez presupuestaria impuesta por el Estado, pese a la intención del Ejecutivo canario de aliviar la presión fiscal sin comprometer los servicios públicos.

Críticas del grupo Socialista

Desde la bancada socialista, el diputado Manuel Hernández acusó al Gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular de no tener una hoja de ruta clara, y de llevar a cabo una política fiscal que favorece a las rentas más altas, sin una visión redistributiva.

Hernández denunció que la primera medida adoptada fue la supresión del impuesto sobre donaciones y sucesiones, lo que implicó una pérdida de ingresos cercana a 40 millones de euros. También criticó las deducciones fiscales del IRPF que, según dijo, benefician por igual a ricos y a clases medias o bajas, sin establecer límites de renta.

El “gran fraude” electoral

En opinión del diputado socialista, el mayor incumplimiento del Ejecutivo es no haber rebajado el IGIC del 7 al 5 %, como se prometió en campaña. “Ese es el gran fraude electoral”, aseguró, y cuestionó si el Gobierno mintió deliberadamente o desconocía la normativa que le impediría aplicar esa bajada.

El debate dejó en evidencia el pulso político entre el Ejecutivo autonómico y el grupo socialista, que insiste en que la política tributaria actual no garantiza la equidad ni la progresividad prometidas.