El Gobierno de Canarias está planteando la posibilidad de implantar en el Archipiélago lo que se conoce como un mercado de carbono, que es, a grandes rasgos, un sistema en el que se compran y venden créditos de carbono con el objetivo de compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus productores. Lo que quiere impulsar el Ejecutivo autonómico es que las empresas inviertan en compensar esa huella de carbono que producen en otros territorio a través de proyectos en las Islas. 

Así lo ha explicado este miércoles el vicepresidente y consejero de Economía, Industria y Comercio, Manuel Domínguez, quien ha indicado que, de momento, la idea está en fase de estudio de manera que puedan concretar cómo pueden invertir en Canarias las empresas para que puedan “compensar las acciones que hacen en comunidades autónomas terceras o en otros países”. 

En desarrollo

Esta compensación se haría a través de acciones enfocadas en la reforestación de las islas y de proyectos que ayuden a la compensación de las emisiones de CO2 que estas empresas llevan a cabo en otros territorios, según ha resumido Domínguez, quien como se trata de un anuncio que todavía no está en desarrollo no ha podido dar más detalles. 

Sí ha apuntado que para llevar a cabo este mercado de carbono “hay que conjugar acciones” desde Turismo, Transición Ecológica y Hacienda, tres áreas que actualmente están en manos del Partido Popular. “A partir de ahí cuando este proyecto esté más desarrollado podremos ponerlo sobre la mesa, hoy es una clara intención del Gobierno y lo anunciamos porque queremos que sepan que estamos trabajando en esa línea”. 

Los mercados de carbono

En esencia un mercado de carbono proviene de la idea de usar el mercado como herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta idea, ya recogida de los Acuerdos de París y Kioto, se centra en poner un precio sobre el carbono de manera que se cree un estímulo económico para evitar estas emisiones y favorecer que se reduzcan las emisiones allí donde es más eficiente respecto al coste de emisión. 

Esta propuesta se planteó como un enfoque de cooperación voluntaria para que las empresas o los estados cumplan con sus compromisos de mitigación en terceros lugares.