El próximo barco que cubra la conexión marítima de servicio público entre Canarias y la Península tendrá que cumplir una lista de requisitos. Médico a bordo, wifi gratuito, espacios para mascotas, actividades para niños y capacidad para trasladar ambulancias son algunas de las condiciones que el Estado exige a la naviera que se haga con el nuevo contrato.
El pliego de la licitación también pone límites a lo que podrá costar el viaje. Un adulto de entre 31 y 59 años podrá pagar como máximo 440 euros por un camarote ocupado por una o dos personas, mientras que el límite para el resto de acomodaciones será de 282 euros. Llevar un vehículo podrá sumar hasta otros 235 euros.
Un barco preparado
El buque tendrá que ser un ROPAX, preparado para transportar pasajeros, vehículos y mercancías, con capacidad para un mínimo de 400 viajeros y 170 vehículos. El documento establece además que las plazas para pasajeros deberán estar disponibles en camarotes.
La travesía tendrá que contar con servicio médico atendido por un profesional colegiado, vigilancia y cámaras en las zonas comunes. También deberá existir un espacio específico para transportar ambulancias y UVI móviles y ascensores que comuniquen los garajes con las zonas de camarotes y butacas.
Servicios disponibles
Entre los servicios mínimos aparece también el wifi básico gratuito durante toda la travesía. El barco deberá disponer de una sala de ocio con espacio para al menos el 20% del pasaje y de un autoservicio-cafetería abierto, como mínimo, durante las franjas de desayuno, comida y cena.
Las familias que viajen con menores deberán contar además con un servicio de cuidado y actividades de animación para niños de hasta 12 años. Y en el caso de los animales de compañía, habrá que habilitar una zona diferenciada para animales y al menos seis camarotes deberán permitir viajar con perros o gatos.
Tarifas de los pasajes
El Estado fija en el propio contrato los precios máximos que podrá cobrar la compañía. Para los pasajeros de entre 31 y 59 años, el límite será de 440 euros en camarote ocupado por una o dos personas y de 282 euros para el resto de acomodaciones.
Los viajeros de entre 12 y 30 años y los mayores de 60 tendrán tarifas máximas de 352 euros en camarote y 225,60 euros en otras acomodaciones. Para los menores de 12 años, los límites bajan hasta los 220 y 141 euros, respectivamente. A estas cantidades podrá sumarse un máximo de 235 euros por transportar un vehículo.
La naviera podrá cobrar menos
Estos precios son topes, no tarifas obligatorias. Las compañías que concurran al concurso podrán ofrecer billetes más baratos y hacerlo tendrá peso a la hora de decidir quién se queda con el servicio. La reducción de las tarifas máximas supone el 25% de la puntuación de la licitación.
Además, el importe final que pague el viajero, una vez incorporados todos los conceptos y tasas y antes de aplicar posibles descuentos, no podrá superar esos máximos.
El pliego contempla incluso medidas frente a quienes reservan y finalmente no se presentan. La compañía podrá restringir durante tres meses las reservas realizadas con más de 24 horas de antelación a pasajeros que hayan incurrido previamente en un no show.
El gran negocio de la ruta
Más allá del transporte de pasajeros, las cuentas para la línea vendrá sobre todo de la carga de mercancía. Marina Mercante calcula que el servicio podría generar alrededor de 30 millones de euros de ingresos durante un año, y más de dos tercios procederían del traslado de mercancías.
De los 30,03 millones de euros previstos, unos 20,42 millones corresponderían a carga, frente a 6,37 millones por pasajeros, 2,70 millones por vehículos y alrededor de 541.000 euros por otros servicios prestados a bordo.
Tres millones para el déficit
Aun así, las cuentas estimadas por el Estado no salen únicamente con los ingresos de la explotación. El coste anual calculado para mantener el servicio alcanza los 31,20 millones de euros, a los que se suma un beneficio industrial estimado de 1,87 millones.
Frente a esos gastos, Marina Mercante calcula unos ingresos de 30,03 millones. La diferencia es de aproximadamente 3,04 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que el Estado ha reservado como compensación pública para garantizar la conexión marítima entre Canarias y la Península.
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