Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT se han sumado al llamamiento del Sindicato de Inquilinas y finalmente irán a la huelga general. El espíritu de la convocatoria sobrevolaba desde el comienzo de la acampada en la plaza de Sol, pero las manifestaciones multitudinarias del pasado sábado asentaron aún más la idea de convocarla, una decisión que no se ha visto frenada por el adelanto electoral.
Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, confirma que desde hace unos días se estaba valorando la posibilidad de convocar la huelga general, aunque señala que, para convocarla, debe existir una motivación laboral y que, en este caso, el origen es político. "Lógicamente, nosotros sí vemos además motivos laborales para una huelga, ya no contra el Gobierno, sino contra el propio Congreso de los Diputados", manifiesta Navarro, en referencia al rechazo a "toda política que vaya en bien de la clase trabajadora".
La vivienda, también un problema laboral
Desde su punto de vista, además, la vivienda tiene también un efecto laboral. De hecho, señala que hay trabajadores que rechazan puestos de trabajo por carecer de vivienda. "Eso lo consideramos un problema laboral y, por tanto, estaría justificada, si no una huelga laboral, sí movilizaciones contra ese tipo de políticas", manifiesta.
Tras recoger el guante del Sindicato de Inquilinas, Navarro no pone únicamente el foco de las políticas de vivienda en el Gobierno central y en el Congreso, sino que señala directamente a las comunidades autónomas. "Yo soy partidario de huelgas generales a nivel regional donde los gobiernos regionales se vean comprometidos a hacer políticas de vivienda porque es su competencia", manifiesta.
UGT apunta a las comunidades autónomas
Desde su punto de vista, ha sido la derecha la que "ha paralizado" todas las políticas que van en beneficio de la clase trabajadora. "Ellos van a intentar irse de rositas", comenta al referirse al problema de la vivienda y a la responsabilidad de las comunidades autónomas. En este sentido, recuerda que el Gobierno de Canarias no ha entregado una vivienda pública desde 2022.
Las propuestas de UGT en materia de vivienda pasan por movilizar las aproximadamente 211.000 viviendas vacías que hay en el Archipiélago, regular el mercado del alquiler en función de los salarios de Canarias, fomentar planes urbanísticos "viables", regenerar barrios, favorecer la construcción de edificios de viviendas y apostar por nuevos modelos de habitar, a través de fórmulas colaborativas de vivienda.
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