La región italiana de Alto Adigio (Tirol del Sur), en plena frontera con Suiza y Austria, dio un golpe sobre la mesa al tomar la decisión de restringir la compra de vivienda a los extranjeros. Les prohibió adquirir una segunda casa para sus vacaciones. Se trata de una medida que recuerda a las intenciones que tiene el Gobierno de Canarias de poner coto a los foráneos que echan el ojo al Archipiélago para disponer de una propiedad.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, anunció el pasado mes de marzo que llevaría a cabo una ofensiva político-jurídica que permita ponerle coto. Uno de los principales hándicaps que sale con frecuencia a relucir es que la normativa de la Unión Europea no permite impedir a los ciudadanos comunitarios que se hagan con una vivienda dentro del espacio de la UE.
Patrimonio de la Humanidad
Quizás usted se pregunte por qué entonces hay lugares donde sí se ha hecho. El caso de Alto Adigio es curioso porque se hizo con el objetivo de proteger un conocido destino turístico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2009. Afectó a 25 municipios y 26 aldeas con la particularidad de que, además, reservaban el 10% de las nuevas construcciones a los residentes.
Pero la cosa no queda ahí porque existen otros países como Malta, Finlandia, Croacia o Dinamarca donde también existe cierto límite dado que añadieron excepciones al adherirse al Tratado de la Unión Europea, según recoge Diario de Mallorca. Ante esta situación, bastante parecida a un galimatías, merece la pena plantearse si Canarias tiene, en realidad, alguna posibilidad de realizarlo.
"No era discriminatorio"
“Si fuera una legislación que afecta exclusivamente a los comunitarios, habría un problema”, afirma Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea en una entrevista concedida a Atlántico Hoy. El experto detalla que si las Islas encuentran la fórmula de limitar la compra de viviendas a extranjeros sin señalar a ninguna nacionalidad de la UE, no habría ningún inconveniente.
“¿Por qué en Italia ha funcionado? Porque no era discriminatorio con una nacionalidad europea. Si hubiera sido contra, por ejemplo, los austriacos o alemanes, podría haber generado finalmente un problema comunitario”, reflexiona. Destaca que si la legislación estuviera dirigida, por ejemplo, a rusos o americanos “en teoría no sería inválida desde un punto de vista jurídico”.
Baleares
Resalta que en Baleares el obstáculo fue que la limitación que quisieron aplicar iba dirigida de forma exclusiva a los alemanes. Mertens sostiene que si en un territorio quieren mantener o proteger de cierta manera un barrio tienen la posibilidad de frenar el uso que se le dé a esos pisos. Una forma podría ser controlar el número de viviendas vacacionales —algo similar a lo que desarrolla desde hace unos meses el Gobierno autonómico—.
El experto en Relaciones Internacionales explica que hay otra vía —aunque remota— para limitar la venta de inmuebles a foráneos que se da cuando hay un argumento de seguridad pública. Lo que debe hacer Canarias es buscar una fórmula jurídica que evite cualquier acusación de discriminación en base a la nacionalidad”, concluye.