Han pasado casi tres semanas desde que comenzaron las acampadas por la vivienda en distintos puntos de España. Aunque los sindicatos de inquilinas ya han puesto posibles soluciones sobre la mesa, los gobiernos siguen sin dar un paso real para solventar la crisis habitacional.
En el caso del Gobierno de Canarias, sigue pendiente la declaración de zonas tensionadas y la aplicación de la Ley de Vivienda. Dos cuestiones que suponen lo mínimo y “deberían ser el primer paso para contener los precios en las Islas”.
Así lo valora Javier Gil, investigador del CSIC y autor de Generación Inquilina, en una entrevista con Atlántico Hoy. “Que en Canarias ni siquiera se esté llegando a esto demuestra que el Gobierno no está a favor de enfrentarse al problema de la vivienda y sigue promoviendo políticas que facilitan la especulación”, expone.
De 2008 a la actualidad
Para entender cómo se ha llegado a la situación actual a nivel nacional, Gil se remonta a la crisis de 2008. En aquel entonces, los desahucios estaban ligados a las hipotecas y los bancos acumulaban viviendas de familias que no podían seguir pagando. Según explica el investigador, la respuesta fue intervenir el mercado inmobiliario para “transformar la crisis en un nuevo ciclo de especulación”.
“El gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de reformas para poner una alfombra roja a los fondos de inversión para que entraran en España y compraran todas las viviendas en manos de los bancos”. Así, mientras se daba salida a los problemas del sector bancario, comenzaba una nueva etapa de inversión inmobiliaria, señala Gil.
Entre 2013 y 2019, entró una importante cantidad de capital que hizo que subieran los precios. Gil especifica que “no era una demanda residencial, no era población trabajadora comprando viviendas a las que vivir, sino una demanda no residencial de carácter especulativo, que compraba vivienda porque la rentabilidad era muy elevada”.
Consecuencias de la especulación
Las consecuencias de ese modelo son las que se viven en la actualidad y van mucho más allá de las dificultades para acceder a una casa. “Se están rompiendo los pactos sociales de nuestra sociedad”, asegura, refiriéndose a que la idea de estudiar, trabajar y esforzarse permitiría alcanzar una vida estable.
Sin embargo, ahora “la población que trabaja ya no puede comprarse una vivienda, está excluida de la propiedad”. Es lo que el investigador denomina “generación inquilina”, cada vez más expuesta a la precariedad, la inestabilidad y el empobrecimiento.
“Un nuevo ciclo político en torno a la vivienda”
Para Gil, el malestar acumulado durante años ha terminado por estallar con las acampadas por la vivienda y las movilizaciones de los sindicatos de inquilinas. “Se ha abierto un nuevo ciclo político en torno a la vivienda. No sabemos cómo se va a resolver, pero le queda mucho camino por delante”, afirma.
Un camino que se está viendo marcado por la creciente distancia entre las demandas ciudadanas y las decisiones de los representantes políticos. Como ejemplo menciona el rechazo en el congreso al decreto Maricarmen. “Hay una desconexión entre lo que están votando los partidos políticos y lo que quieren sus votantes”, sostiene. Y esto está generando “desafección hacia sus partidos, pero también hacia las instituciones políticas y democráticas”.
Según Gil, la ciudadanía reclama medidas que permitan intervenir el mercado inmobiliario, limitar los precios y frenar la especulación. Entre sus propuestas están regular los alquileres turísticos y de temporada, actuar sobre las viviendas vacías, prohibir la compra de viviendas con fines no residenciales y limitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores.
La solución no es construir
Sin embargo, en Canarias, la mayoría de las soluciones planteadas por las administraciones pasan por construir más viviendas. ¿El problema? “Está muy demostrado que si el mercado es el encargado de construir, no van a bajar los precios” porque “construir sin regulación no soluciona el problema”.
“Por ejemplo, si en un municipio canario con problemas de vivienda se construyen 10.000 viviendas, todas acaban como pisos turísticos o segundas residencias de personas que no habitan ahí. No se soluciona la crisis de vivienda y aún así se suben los precios”, advierte Gil.
Por eso, defiende que las administraciones no solo deben fomentar la construcción, sino también regular para qué se utilizan las viviendas. “No basta con construir, hay que construir vivienda asequible”, recalca el investigador, que considera que esa tarea debe asumirla “el sector público o un tercer sector con un lucro limitado” , un modelo que “todavía necesita desarrollarse en España".
Con esperanza
Pese a su diagnóstico, Gil mantiene el optimismo sobre el futuro: “Tengo mucha esperanza porque la gente se está movilizando y estamos viviendo unos acontecimientos históricos que van a cambiar este país para siempre”.
Eso sí, lanza una última advertencia para que el despertar social llegue a un cambio real. “Lo más importante es que las movilizaciones vayan a más”, concluye.
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