La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha pedido este martes a la oposición parlamentaria que aporte propuestas sobre cuál es su modelo turístico ante la próxima tramitación de una nueva legislación turística, en lugar de "cacarear los discursos de otros".
De León, quien ha comparecido en el pleno del Parlamento a petición de Coalición Canaria (CC) para exponer las líneas de esa reforma legislativa que sustituirá en una sola norma a la ley del Turismo de 1995 y a la ley de renovación y modernización turística de 2013, ha pedido a la oposición (PSOE, NC y Vox) que no se queden en discursos "que poco aportan al interés general" y planteen propuestas que garanticen la sostenibilidad social, económica y ambiental.
Críticas
La representante del PSOE, Lucía Fuentes, había acusado a la consejera de no tener en cuenta el descontento ciudadano, de alinearse con la gran industria hotelera en perjuicio de los pequeños propietarios y de su escasa capacidad "receptiva" y de negociación con las propuestas ajenas.
Natalia Santana, de Nueva Canarias, sostuvo que la nueva legislación está promovida por los mismos que han impulsado un modelo caótico y reclamó que no se convierta a los canarios en figurantes y explotados en su propia tierra.
Postura de Vox
La diputada de Vox, Paula Jover, criticó que se hayan desaprovechado oportunidades para avanzar en la regulación turística y pidió que se retire el proyecto de ley de vivienda turística, en trámite parlamentario, porque no tiene arreglo vía enmiendas.
La consejera de Turismo admitió que en el sector turístico convergen intereses contrapuestos y reclamó a la oposición que se centre en definir el modelo turístico, "además de cacarear los discursos de otros".
Aportaciones pendientes
"Esperaba que se plantearan cuestiones relevantes" sobre el principio de especialización de uso o el principio de unidad de explotación, pero "ninguno de los grupos de la oposición", ha aportado nada, les ha reprochado.
"No podemos quedarnos en discursos que poco aportan al interés general, sino generar una ley que responda a la Canarias social, económica y ambiental que queremos", ha insistido.
Proceso participativo
Jéssica de León aseguró que ella busca generar consenso y por eso se han creado mesas de debate y se han recogido 780 aportaciones que se tendrán en cuenta para elaborar el futuro texto normativo.
Garantizó que el borrador de la ley que se redacte "será compartido y debatido" para conseguir "la mejor fórmula para Canarias".
Reto normativo
"Cumpliremos el reto normativo, y espero que este Parlamento aporte su visión, porque esta ley es la clave de bóveda", ha subrayado.
Jéssica de León explicó que la nueva norma buscará la seguridad jurídica y la simplificación normativa, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, además de garantizar la rentabilidad y la competitividad del destino turístico.
Problemas actuales
La nueva ley no es solo una oportunidad, sino una necesidad, porque hay zonas turísticas obsoletas, atomización de la propiedad, nuevas formas de comercialización, redes sociales, residencialización de zonas turísticas o turistificación de zonas residenciales, ha defendido.
Cuestiones como la digitalización de nuevas formas de comercialización, la obsolescencia de infraestructuras públicas y privadas, la colaboración público-privada, los estándares de calidad y empleo o el impulso al turismo rural deben abordarse también en la nueva legislación.
Visión nacionalista
El diputado de CC José Manuel Bermúdez defendió la necesidad de un marco legislativo que aporte estabilidad y seguridad jurídica al turismo y dé respuesta a la preocupación y descontento social por cuestiones como la falta de vivienda asequible o la presión sobre infraestructuras o espacios naturales.
La nueva ley, señaló, debe ofrecer claridad normativa, poner fin a la improvisación de los últimos 30 años y garantizar un equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, asegurando así la sostenibilidad y supervivencia del territorio.
Llamada al consenso
Bermúdez advirtió que la ley no puede retrasarse demasiado tiempo y que es fundamental brindar seguridad jurídica y participación a los agentes sociales, promoviendo el diálogo y el consenso.
Destacó la necesidad de asegurar la competitividad turística sin perder de vista la sostenibilidad social y ambiental, y enfatizó la preocupación municipal porque los ayuntamientos no cuentan con medios suficientes para gestionar las competencias que les asignará la ley.