Juan José Cardona, que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 2011 y 2015, ha sido propuesto por el Gobierno de Canarias como adjunto al presidente de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo (PSOE). El nombramiento llega meses después de su incorporación a Coalición Canaria (CC) tras más de tres décadas de militancia en el Partido Popular (PP).
Licenciado en Derecho, Cardona ha desarrollado una trayectoria que combina gestión política, experiencia portuaria y actividad empresarial. Tras su etapa como regidor de la capital grancanaria —donde gobernó con mayoría absoluta durante la legislatura 2011-2015—, asumió la presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas entre 2018 y 2024. Posteriormente, en 2023, pasó a dirigir la compañía Hamilton y Cía., especializada en servicios logísticos y energéticos para el sector marítimo.
Ámbito conocido
Su incorporación a la Zona Franca refuerza el peso institucional de Coalición Canaria en los organismos estratégicos de la isla. El consorcio, que actúa como motor económico mediante incentivos fiscales y promoción empresarial, se convierte así en una nueva plataforma para aprovechar la experiencia de Cardona en la gestión pública y privada.
Cardona regresa así a un ámbito que ya conoce, pues durante su etapa como alcalde promovió iniciativas de colaboración con la Zona Franca para potenciar la capital como punto de conexión con África y Europa. Ahora, con un papel ejecutivo, su labor estará orientada a captar inversión y dinamizar proyectos vinculados al puerto y la economía azul, sectores que han marcado buena parte de su carrera.
Punto clave
Su paso del PP a Coalición Canaria, materializado a finales de 2024, supuso un giro en el mapa político de la capital grancanaria. Tras su salida de la formación popular, en la que llegó a criticar públicamente la deriva municipal del partido, se ha consolidado como una figura próxima al nacionalismo canario, aportando a CC su experiencia en la gestión municipal y portuaria.
Con su nuevo cargo en la Zona Franca, Cardona amplía su recorrido institucional y se coloca de nuevo en un punto clave de la economía insular, con la vista puesta en reforzar la posición de Gran Canaria como plataforma logística, fiscal y comercial en el Atlántico.