El Puerto de Arinaga, en Gran Canaria, suma un nuevo movimiento empresarial. El Gobierno de Canarias ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para el proyecto promovido por Mid Atlantic Bulk Terminal SL destinado a habilitar una zona específica para la gestión de determinados residuos metálicos dentro de sus instalaciones.
La actuación contempla una superficie de 647,5 metros cuadrados situada dentro de una nave ya existente en el Área Funcional 18 del recinto portuario.
No se trata, por tanto, de la construcción de una nueva terminal desde cero, sino de una adaptación de las actuales instalaciones de la compañía.
Residuos metálicos
La zona estará destinada a gestionar residuos férreos que puedan aparecer de forma accidental mezclados con las mercancías durante las operaciones habituales de la terminal.
El procedimiento previsto consiste en descargar y separar esos materiales para posteriormente cargarlos en camiones y trasladarlos a un gestor autorizado.
La documentación ambiental señala que no está previsto un almacenamiento prolongado de estos residuos ni la realización de procesos industriales complejos en el espacio habilitado.
Concesión portuaria
Mid Atlantic Bulk Terminal dispone desde 2021 de una concesión de dominio público en el Puerto de Arinaga.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas le concedió 5.301,23 metros cuadrados en el Área Funcional 18 para desarrollar una terminal dedicada a la manipulación de graneles sólidos no alimentarios.
La concesión fue otorgada por un periodo de 20 años.
La nueva actuación supone ahora adaptar parte de esa infraestructura para dar respuesta a los residuos metálicos que puedan aparecer accidentalmente en el desarrollo de la actividad.
Control ambiental
El informe ambiental establece distintas medidas de vigilancia relacionadas con los ruidos, las emisiones, la iluminación y la prevención de posibles vertidos.
La cercanía de la Zona Especial de Conservación Playa del Cabrón es uno de los factores tenidos en cuenta durante la evaluación.
El informe favorable tendrá una vigencia de cuatro años si durante ese plazo no se inicia el proyecto.
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