Canarias recaudó 32,40 millones de euros por el Impuesto de Patrimonio, el 2,69% del total ingresado por este concepto en el conjunto de las Comunidades Autónomas en 2020, y los declarantes en las islas ascendieron a 5.768 personas con una base liquidable de 5.867,39 millones de euros.
El 58% de la recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio se obtiene en solo dos territorios, principalmente en Cataluña y en segundo lugar en la Comunidad Valenciana, mientras que en otros como Madrid y, a partir de este año, Andalucía no existe en la práctica.
Impuestos a las grandes fortunas
Apenas el 1 % de los ingresos fiscales de las comunidades autónomas provienen del Impuesto de Patrimonio (1.203 millones en 2020), pero la capacidad normativa que estas tienen sobre este tributo, que ha marcado el pistoletazo de salida de una guerra fiscal cuyo último capítulo ha sido el anuncio por el Gobierno de un impuesto a las grandes fortunas, ha generado importantes diferencias territoriales.
En cuanto a deducciones y bonificaciones, además de que algunas comunidades han aprobado incentivos fiscales para personas discapacitadas o para los patrimonios especialmente protegidos, Andalucía ahora y la Comunidad de Madrid hace años tienen una bonificación del 100%, por lo que ningún contribuyente paga el impuesto (aunque deben presentar autoliquidación aquellos cuyos bienes y derechos tengan un valor que supere los 2 millones) y Galicia la acaba de duplicar, del 25 al 50%.
Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente tipo con un patrimonio de 800.000 euros (exentos ya los 300.000 euros de la vivienda habitual y sin discapacidad) pagaría 1.164 euros en Aragón o 1.099 en Extremadura frente a 200 en Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Guipúzcoa, 100 en Galicia y nada en Andalucía, Madrid, Bizkaia y Álava.