Casi ocho de cada diez hogares canarios que podrían recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) no llegan a solicitarlo. La última estimación territorial de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa la tasa de no solicitud en las Islas en el 79%, siete puntos por encima de la media española, que está en el 72%.
Canarias se encuentra así entre las comunidades donde esta prestación tiene más dificultades para llegar a todos sus potenciales beneficiarios. Solo Baleares, con un 85%, y Madrid, con un 80%, presentan porcentajes superiores, mientras Cataluña se sitúa también en el entorno del 79%.
Una ayuda ligada al IMV
El CAPI nació como parte del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque hay una diferencia importante: se puede cobrar aunque una familia no tenga derecho al IMV. Sus límites económicos son más amplios precisamente para intentar alcanzar también a hogares con menores y rentas bajas o moderadas.
Esto hace que haya familias que, pese a superar los ingresos máximos establecidos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital, sí puedan tener derecho al complemento por sus hijos. Sin embargo, para acceder a él hay que pasar igualmente por la solicitud del IMV, ya que ambos se tramitan mediante el mismo formulario.
Hasta 115 euros al mes por menor
La cantidad depende de la edad de los niños y adolescentes que formen parte del hogar. En 2026, el complemento alcanza los 115 euros mensuales por cada menor de tres años, 80,50 euros para quienes tienen entre tres y cinco años y 57,50 euros desde los seis hasta los 17 años.
Eso supone, por ejemplo, hasta 1.380 euros al año por un niño menor de tres años. Además, las cuantías se suman cuando hay varios menores en la unidad familiar, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
¿Quién puede cobrarlo?
Para acceder al complemento tiene que haber al menos un menor de edad en la unidad de convivencia y se tienen en cuenta tanto los ingresos como el patrimonio familiar. Pero los límites son bastante más elevados que los exigidos para recibir el IMV completo.
Un hogar formado por dos adultos y dos menores, por ejemplo, puede tener derecho únicamente al CAPI con ingresos computables de hasta 4.181,52 euros al mes. En ese caso, el límite de patrimonio es de 87.152 euros, sin contar la vivienda habitual. La cantidad máxima cambia según el número de adultos y menores que formen el hogar.
Más de 21.000 hogares
Que una parte importante de los potenciales beneficiarios no lo solicite no significa que el complemento tenga poca presencia en las Islas. Los últimos datos desglosados consultados de la Seguridad Social muestran que en mayo de 2026 21.217 hogares canarios recibían el CAPI, que alcanzaba a 33.493 menores.
Son dos fotografías diferentes. La Seguridad Social contabiliza a quienes ya están cobrando la prestación, mientras que la AIReF intenta calcular cuántos hogares cumplen las condiciones para recibirla pero ni siquiera llegan a solicitarla. La última estimación autonómica de este segundo grupo corresponde a 2024.
Una brecha nacional
El problema tampoco es exclusivo de Canarias. En el conjunto del país, el 72% de los hogares que podían acceder al CAPI no lo solicitaron en 2024, apenas un punto menos que el año anterior. La cobertura de la prestación sigue, por tanto, lejos de todo su potencial.
La situación contrasta con el crecimiento de la ayuda entre quienes sí acceden a ella. En julio de 2026, el CAPI ya llegaba a 613.088 hogares en España, frente a los 338.507 que lo recibían al cierre de 2023.
¿Por qué tantas familias no la solicitan?
La AIReF lleva años poniendo el foco en este problema. Entre las dificultades detectadas aparecen la complejidad administrativa, la falta de información suficientemente clara y la ausencia de un acompañamiento personalizado para personas que, precisamente por encontrarse en situaciones vulnerables, pueden tener más dificultades para enfrentarse a los trámites.
El organismo considera que las tasas de no solicitud superiores al 70% que mantiene el CAPI justifican avanzar hacia un sistema mucho más automático. Entre sus propuestas está que la Administración pueda comprobar de oficio si una familia cumple los requisitos desde el momento en que se inscribe a un menor en el Registro Civil, evitando que el acceso a la ayuda dependa únicamente de que las familias sepan que existe y den el paso de solicitarla.
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