Los presupuestos autonómicos de 2025 ascienden a 11.678 millones de euros, un 1,6% más que en 2024. ¿Se traduce más dinero en algo mejor? Según el análisis del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), no y es que el Ejecutivo suspende en “ética presupuestaria y gestión social”, pues las partidas no se corresponden con la realidad que atraviesa a la población canaria. 

El informe, que evalúa tanto la asignación presupuestaria como su adecuación a las necesidades de la población, asegura que el modelo de gestión del Gobierno de Canarias perpetúa la emergencia social y económica, incumpliendo los derechos básicos recogidos en el Estatuto de Autonomía.

Así lo han expuesto Emma Colao, directora de la organización, y Cristian Perdomo, analista de datos de la misma, en una rueda de prensa, en la que han destacado que el problema de los presupuestos no es la cantidad, sino la “mala gestión” de estos. Un hecho visible es el incremento en Sanidad frente a las políticas sociales, que se traduce en una “medicalización” de los derechos sociales de la ciudadanía isleña. 

Mucho gasto en los altos cargos

Para analizar los presupuestos, el Observatorio se ha basado en dos indicadores: el índice de emergencia social, que mide la carencia estructural de la población en ocho áreas clave, como sanidad, educación y vivienda, basándose en datos oficiales, y el de ética presupuestaria, que evalúa el cumplimiento de los presupuestos en función de las necesidades de la ciudadanía, teniendo en cuenta el gasto que conllevan los altos cargos. 

En este sentido, Canarias se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor emergencia social y la tercera con el menor uso ético de los recursos públicos, con una partida presupuestaria dedicada a los altos cargos que crece en 2025 un 7,87% hasta los 95,5 millones de euros.

Según Colao y Perdomo, el Gobierno de Canarias "suspende en ética presupuestaria respecto a las necesidades generales de la población", y ejemplifican esta conclusión en un caso concreto: el área de Presidencia ha incrementado desde el inicio de la actual legislatura su presupuesto en un 527,11% hasta los 197,5 millones de euros. Es decir, el gasto diario en Presidencia asciende a los 541.201 euros, que son 22.550 euros cada hora. Esta cantidad está por encima de la mediana salarial de Canarias (16.092 euros).

Mala gestión 

Perdomo explica que “aunque los presupuestos de 2025 han crecido, no lo han hecho de manera proporcional a las necesidades reales del Archipiélago, perpetuando una situación crítica en todas las áreas esenciales”. Uno de los grandes problemas que resalta es la falta de perspectiva horizontal al entender como independiente cada una de las áreas, cuando la realidad es que van entrelazadas. 

Es el caso de Educación que, a pesar de representar la segunda partida más relevante de los presupuestos, el aumento no ha logrado reducir la tasa de abandono escolar, que ha subido del 12% al 14%, ya que no se está teniendo en cuenta que la precariedad en otras áreas de la vida como el empleo y la vivienda, influyen en la falta de recursos y atención para los estudios. 

“El problema no es solo de financiación, sino de gestión y del contexto social que rodea a las familias canarias, incapaces de garantizar una estabilidad económica que permita priorizar la educación”, señala Colao. Es por ello que considera que el resto de consejerías han suspendido un examen al que ni se han presentado. 

Medicalización de los derechos sociales

La partida de sanidad ha registrado un incremento significativo en 2025. Aunque esto pudiera parecer una buena decisión, el informe señala que el aumento refuerza una tendencia preocupante: la medicalización de los derechos sociales. Según Colao, “el Gobierno está sustituyendo los derechos sociales fundamentales, como vivienda o empleo, por tratamientos farmacológicos. Esto provoca que, aunque crezcan las partidas sanitarias, disminuya la calidad de vida de la ciudadanía”.

“El derecho a la salud no puede entenderse de forma aislada. Está íntimamente ligado al derecho a los cuidados, a una vivienda digna y a un empleo estable. Sin estas condiciones, el incremento en sanidad solo refuerza la medicalización de problemas que tienen su origen en la precariedad social”, añade. 

A esto se suma el debilitamiento de la atención en salud mental. Canarias sigue siendo una de las comunidades con mayor consumo de antidepresivos e hipnóticos, mientras que su Plan Estratégico de Salud Mental caducó en 2023 y no se ha renovado. Según ODESOCAN, no hay partidas específicas para esta área más allá del sueldo del director de la Dirección de Salud Mental, que carece de recursos operativos.

Presupuestos estéticos

En el resto de áreas, el Observatorio apunta que - si bien algunos departamentos han aumentado sus presupuestos en 2025 respecto al año pasado - el incremento ha sido “algo meramente estético”. 

Esto se debe a que los incrementos en Consejerías como Bienestar Social, Vivienda o Empleo para este 2025 son menores a los recortes que se hicieron durante el pasado ejercicio, por lo que no llegan a compensarlos o si lo hacen, no son tan llamativos como puede parecer. Por ejemplo, en Vivienda este año se aumentan las partidas en 23 millones de euros, si bien con el recorte del pasado año, el aumento real es de solo 5,56 millones. 

Sin derechos sociales efectivos

En el caso de Bienestar Social, el incremento respecto al pasado año es de 59 millones de euros, pero que se incumple con la Ley de Servicios Sociales -que establece un aumento anual de 50 millones de euros- porque no llega a compensar los recortes del pasado ejercicio.

El 45% del presupuesto se destina a dependencia. Sin embargo, este monto apenas cubre las prestaciones actuales, dejando a las nuevas solicitudes en listas de espera que podrían agravarse en 2025. Colao explica que “la simplificación en el reconocimiento de la dependencia, aunque positiva en teoría, creará una segunda lista de espera para quienes, habiendo obtenido el reconocimiento, no podrán acceder a los servicios debido a la falta de plazas sociosanitarias y recursos”.

ODESOCAN advierte que, si no se realizan ajustes sustanciales, Canarias continuará siendo la comunidad autónoma con menor acceso efectivo a los derechos sociales para las personas en situación de dependencia.

Situación precaria

En lo que respecta a Empleo - incluido en la Consejería de Turismo -, las partidas destinadas al fomento de empleo apenas aumentaron, mientras que sí lo hicieron las de las infraestructuras turísticas. Lo que se traduce, según Colao, como una apuesta continúa del Gobierno “por una economía dependiente del sector servicios, en detrimento de la diversificación económica. Esta estrategia perpetúa las altas tasas de desempleo, la saturación laboral y la desigualdad”. 

Igual ocurre con Transición Ecológica, en la que ODESOCAN ve un incremento de las partidas destinadas a la privatización del desarrollo energético, y con la soberanía alimentaria, cuya partida ha caído casi un 14%, reduciendo la capacidad del Archipiélago para producir alimentos en un contexto en el que la cesta de la compra es la segunda más cara del país.

Cumplir el Estatuto de Autonomía

La directora del Observatorio ha anunciado que hablarán con el Gobierno de Canarias para que aplique, en primer término, una disminución de las partidas para altos cargos y, en segundo lugar, exigirles un cumplimiento del Estatuto de Autonomía, que consagra los derechos de la población isleña a un acceso eficaz a la administración, a una vivienda digna, a la atención de la dependencia o la discapacidad o a la empleabilidad.

“Canarias necesita no solo más presupuesto, sino un cambio en el modelo de gestión para reducir las emergencias estructurales que afectan a su población. Sin esta transformación, los presupuestos seguirán siendo estéticos, sin impacto real en la vida de la ciudadanía”, resume Colao.