Las medidas contra el auge de la vivienda vacacional han destapado pisos turísticos y de temporada que no cumplían los requisitos necesarios para obtener un número de registro de alquiler, obligatorio desde julio de 2025.
En noviembre de 2025 más de 120.000 viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales en España carecían de licencia, lo que representa un 37% del total, según un análisis de Newtral a partir del Registro Único Digital del Ministerio de Vivienda y las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el caso de Canarias, de las más de 49.000 viviendas vacacionales anunciadas en portales como Airbnb y Booking, más de 15.500 no estaban registradas, es decir, más de un 30%. Municipios como La Oliva destacan en este sentido, ya que el número de alquileres turísticos sin registrar suponía el 57,6% de la oferta.
El fenómeno en zonas turísticas
Todos los municipios de las Islas, a excepción de Arrecife — que es uno de los pocos que a nivel nacional cumple las cifras registradas con la anunciadas —, presentan una diferencia entre anunciadas y registradas.
Aunque, como no podía ser de otra manera, los casos más llamativos se encuentran en las zonas turísticas. En La Oliva (Fuerteventura), en noviembre se contabilizaban 4.047 viviendas anunciadas frente a solo 1.716 registradas, lo que supone que el 57,6% operaban sin licencia. Hay que recordar que en esta localidad, se sitúa El Cotillo, donde las viviendas vacacionales han superado a las de residentes.
Situaciones similares se observan en San Bartolomé de Tirajana, con 1.204 viviendas fuera del registro; en Adeje, con 1.107; o en Pájara, donde más de la mitad de la oferta no estaba regularizada.
En todas las islas
En las islas verdes, a pesar de que la oferta es menor, también se detectan diferencias significativas. En Fuencaliente (La Palma), el 54,8% de las viviendas anunciadas no estaban registradas. Lo mismo ocurre en El Pinar de El Hierro, con el 52,4% de su oferta sin estar vigente, y en Alajeró (La Gomera), el 42,3%.
Las capitales muestran un mayor grado de control, aunque no están exentas de irregularidades. En Las Palmas de Gran Canaria, cerca del 20% de los anuncios carecían de licencia, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el porcentaje ascendía al 32%.
Bajada de viviendas vacacionales
La entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024 marcó un punto de inflexión. Esta normativa estableció la obligatoriedad de inscribir las viviendas de alquiler turístico y de temporada en un registro estatal, con el objetivo de mejorar la supervisión y combatir el fraude. Para ello se creó la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que centraliza la información y obliga a las plataformas a verificar y compartir los datos de los anuncios.
Esta medida y el camino que han tomado las instituciones en líneas generales, así como el movimiento social, puede estarse reflejando en las cifras de este tipo de alquileres. En noviembre de 2025, el número de viviendas turísticas en España descendió hasta las 329.764, un 12,4% menos que un año antes, lo que supone una reducción de 46.700 inmuebles.
En Canarias también se ha visto una bajada. Según el Instituto Canario de Estadística (Istac), en febrero de 2026 había 42.896 viviendas vacacionales disponibles, un 4% menos en términos interanuales y el nivel más bajo de los últimos dos años.
Multa a Airbnb
Las plataformas digitales han salido escaldadas en todo este proceso. Airbnb tendrá que abonar la multa de 64 millones que le impuso el Ministerio de Consumo en diciembre de 2025 por diversas infracciones, entre ellas la publicación de anuncios sin licencia, el uso de números de registro falsos y la difusión de información engañosa sobre los anfitriones.
A todo este panorama, se sumó en el Archipiélago, también a finales de 2025, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, con la que se espera frenar el crecimiento descontrolado que se venía dando de las viviendas vacacionales, con límites más estrictos y la congelación de nuevas licencias durante al menos cinco años.