El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este lunes que la implicación del sector privado y de las entidades bancarias es necesaria para abordar la emergencia habitacional que atraviesa el archipiélago. Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración del I Congreso de Vivienda en Canarias.

Rodríguez sostuvo que la respuesta al problema de la vivienda debe ser compartida, señalando que los fondos públicos complementan las áreas donde el sector privado no puede llegar, pero que ninguna de las partes puede asumir en solitario la solución.

Respuesta colectiva

El consejero insistió en que la salida a la crisis habitacional “no va a venir exclusivamente de la banca ni del sector privado, pero tampoco es exclusivamente del sector público”, defendiendo que la estrategia debe ser colectiva y diversa. Por ello, el congreso reúne a administraciones públicas, universidades, expertos y asociaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

Sobre el impacto del auge del alquiler vacacional, Rodríguez fue preguntado por la pérdida de unas 70.000 viviendas del mercado de alquiler tradicional en los últimos dos años. Explicó que ya están en marcha dos vías para intentar recuperar parte de ese parque residencial, desviado hacia otros usos “por mayor seguridad jurídica o rentabilidad”.

Regulación del vacacional

La primera de esas medidas es la regulación del alquiler vacacional, aprobada recientemente por el Parlamento de Canarias, que fija un límite del 10 % de viviendas vacacionales por municipio. El consejero explicó que esta limitación busca ordenar el fenómeno y evitar que siga desplazando viviendas hacia usos no residenciales.

La segunda medida pasa por “seducir al sector” y a los propietarios para que regresen al alquiler de larga duración. Rodríguez recordó que la mayoría del parque privado en Canarias está en manos de pequeños propietarios, por lo que el Ejecutivo se propone ofrecerles seguridad jurídica y ventajas fiscales.

Incentivos fiscales

Entre esas herramientas, el Gobierno ha incorporado en los presupuestos una deducción de hasta 1.200 euros en la declaración de la renta para los propietarios que alquilen sus viviendas, además de explorar nuevas fórmulas fiscales que faciliten el retorno al alquiler tradicional.

Rodríguez advirtió de que prohibir sin más el alquiler vacacional podría llevar a que muchas viviendas queden cerradas. “Y para que una vivienda esté cerrada, mejor que esté en manos de una familia que la necesita”, defendió.

Problema prioritario

El consejero señaló que la vivienda es el “principal problema de las familias canarias”, que afecta de manera transversal a toda la población y no solo a los colectivos más vulnerables. En este sentido, aseguró que es una prioridad para el Ejecutivo autonómico, que ha movilizado “más herramientas e instrumentos que nunca”.

Según detalló, en los últimos dos años se han destinado más de 300 millones de euros a la construcción de vivienda pública, con el objetivo de incrementar el parque residencial disponible. No obstante, admitió que se trata de un problema estructural, cuya solución requiere medidas sostenidas en el tiempo y no puede resolverse “ni con un milagro ni de un día para otro”.