El Gobierno de Canarias prevé que la tasa de paro se sitúe en el 12,4% en 2027, por encima del 10,92% registrado en el tercer trimestre de 2026, según las estimaciones macroeconómicas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo contempla además una desaceleración de la economía, con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 1,1% para el próximo año.
Estas previsiones forman parte del proyecto presupuestario remitido este viernes, 30 de octubre, al Parlamento de Canarias, después de su aprobación por el Consejo de Gobierno el pasado lunes. Las cuentas ascienden a 13.209 millones de euros, un 5,7% más que el presupuesto inicial de 2026, lo que supone un incremento de 717,6 millones.
Según ha informado la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, las previsiones responden a un escenario de "pérdida de fuerza en el impulso económico" y están condicionadas por la incertidumbre geopolítica y la crisis de los combustibles.
Menor crecimiento y previsión de aumento del paro
El proyecto contempla una tasa de desempleo del 12,4% para 2027, frente al último dato conocido de la Encuesta de Población Activa (EPA), que situó el paro en Canarias en el 10,92% durante el tercer trimestre de 2026. La diferencia es de 1,48 puntos porcentuales, aunque se trata de indicadores de periodos distintos: una previsión para 2027 y un dato trimestral de 2026.
En el ámbito económico, Hacienda prevé un crecimiento del PIB del 1,1% y una deuda pública de 6.727 millones de euros, equivalente al 9,73% del PIB. Las cuentas se han elaborado con un objetivo de déficit del 0,1% del PIB.
El departamento autonómico advierte también de que la prórroga de los presupuestos estatales dificulta conocer los recursos que recibirá Canarias. En este sentido, señala que el retraso en la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica podría suponer 170 millones de euros mensuales pendientes de recibir, aunque precisa que esta situación no afecta a la elaboración del presupuesto inicial.
Sanidad y educación concentran los mayores incrementos
El proyecto incorpora 970 millones de euros adicionales para los servicios públicos básicos, entre los que se encuentran sanidad, educación, acción social, justicia, seguridad y vivienda. Sanidad registra el mayor aumento en términos absolutos, con 429,8 millones de euros más, un 9,1% de incremento. Educación contará con 260 millones adicionales, un 10,2% más, mientras que acción social aumenta en 201,5 millones, lo que representa un 24,4%.
Por su parte, justicia y seguridad dispondrán de 41,9 millones adicionales, un 15,2% más, y las partidas destinadas al acceso a la vivienda crecerán en 37,1 millones, un 22,8%. El presupuesto también recoge el incremento salarial de los empleados públicos acordado a nivel estatal, del 4,5%, con medio punto adicional condicionado a la evolución del IPC. Según Hacienda, esta medida supone 500 millones de euros adicionales y eleva el gasto de personal hasta el 42% del presupuesto total.
Tenerife concentra 261,7 millones en inversiones
En el reparto territorial de las inversiones, Tenerife concentra 261,7 millones de euros, seguida de Gran Canaria, con 249,2 millones, y Fuerteventura, con 110,2 millones. La Palma contará con 102,6 millones; Lanzarote, con 90,1 millones; La Gomera, con 74,6 millones; El Hierro, con 44,6 millones, y La Graciosa, con 1,9 millones.
En materia tributaria, el proyecto contempla la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para adaptar sus tramos a la evolución de los precios y evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación se traduzcan en una mayor carga fiscal.
También propone ampliar el tipo cero del IGIC a determinados servicios de alojamiento y alimentación en residencias de estudiantes, mantener durante enero de 2027 la bonificación temporal de algunos combustibles y elevar los tipos del impuesto sobre las labores del tabaco.
Incremento presupuestario
Por otro lado, las cuentas de 2027 dejan de incluir casi 500 millones de euros de créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), aunque mantienen 49,5 millones destinados a vivienda y servicios sociales.
Si se excluyen los fondos de este mecanismo europeo, el Ejecutivo calcula que el incremento presupuestario respecto a 2026 sería del 9,7%, equivalente a 1.166,1 millones de euros. El proyecto inicia ahora su tramitación parlamentaria, durante la que podrán debatirse y plantearse modificaciones antes de su aprobación definitiva.
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