Las principales patronales turísticas de Canarias han advertido de que una liberalización generalizada del uso residencial en inmuebles turísticos podría poner en riesgo la continuidad del sector extrahotelero de las islas, con efectos sobre el empleo, la actividad económica, la recaudación fiscal y la competitividad del destino.
La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT Las Palmas), Ashotel, Asofuer y Asolan han fijado esta posición en un comunicado difundido este lunes, en el que respaldan el planteamiento en el que trabaja la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias para adaptar la regulación a la realidad actual.
Adaptar la normativa
Las organizaciones empresariales consideran necesario abordar las diferentes situaciones generadas durante décadas en numerosos complejos turísticos y adaptar las normas a las nuevas realidades del mercado y de la comercialización turística.
Sin embargo, diferencian entre modernizar el modelo y aportar seguridad jurídica y permitir una liberalización indiscriminada de los usos residenciales. A su juicio, esta última opción podría terminar desdibujando la naturaleza turística de los establecimientos.
Las patronales defienden que los costes, servicios y obligaciones necesarios para mantener un establecimiento turístico de calidad deben continuar afrontándose de manera conjunta. En este sentido, citan el mantenimiento de las zonas comunes, la renovación de instalaciones y los servicios destinados a los visitantes.
3.586 millones de euros
El comunicado sitúa el impacto económico de la residencialización como uno de los principales argumentos para rechazar una liberalización generalizada.
Según estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presentados en las jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas de 2024, la residencialización de inmuebles turísticos en Canarias se vinculó a una pérdida de 3.586 millones de euros anuales de facturación, junto a una merma de 943 millones de euros en recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo.
Las patronales sostienen que la transformación de plazas turísticas en viviendas reduce la capacidad alojativa reglada, dificulta la viabilidad económica y la renovación de los establecimientos y puede repercutir sobre el empleo y los ingresos públicos.
También alertan de una posible fragmentación de los complejos cuando una parte creciente de las unidades deja de participar en la actividad turística, ya que esto puede dificultar el mantenimiento de las zonas comunes, instalaciones y servicios.
Protección de usos consolidados
Las organizaciones empresariales rechazan que la solución a las situaciones particulares existentes pase por una modificación legal que permita extender en el futuro el uso residencial de inmuebles concebidos para formar parte de establecimientos turísticos.
Al mismo tiempo, consideran legítimo abordar los casos concretos y analizar los procedimientos sancionadores que afectan a determinados propietarios.
En este sentido, recuerdan que los propietarios que puedan acreditar un uso residencial anterior al 1 de enero de 2017 pueden mantenerlo en los términos establecidos legalmente.
Las patronales consideran que existe margen para reconocer y proteger esas situaciones residenciales consolidadas sin favorecer que nuevos inmuebles concebidos para el alojamiento turístico abandonen progresivamente esta actividad.
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