La noticia se dio en julio, pero pasó inadvertida en España y en Canarias. El partido portugués Chega, miembro de la coalición que gobierna Madeira, afirmo en aquel mes estival que estaba “en proceso de garantizar desde el Gobierno regional la apertura de las aguas marítimas en torno a las Islas Salvajes a la pesca del atún y el barrilete".
Aunque poco después el presidente de Madeira, Miguel Albuquerque (del partido PSD), matizó el anuncio, explicando que su ejecutivo estaba "realizando un estudio para saber si la posible captura en esta zona de reserva integral de especies migratorias, como el atún o el barrilete, no pone en riesgo y salvaguarda toda la reserva", el capote estaba echado.
Aguas en disputa
Oficialmente, Madeira está estudiando si permitir o no la pesca de estas especies, autorizando la captura con fines científicos de ejemplares de atún para estudiar el impacto que podría tener pasar a una actividad de escala industrial.
Los estudios se producen en aguas de un archipiélago que está en diputa territorial entre España y Portugal desde la conquista de Canarias, pues Castilla las consideraba parte del archipiélago canario y Portugal, de Madeira. Las islas se encuentran a 165 kilómetros de Canarias y a 280 de Madeira y siempre han estado deshabitadas.
Mucho más cerca, por tanto, de Canarias. El propio Teide, en Tenerife, se divisa desde el pequeño archipiélago bajo soberanía portuguesa.
De Portugal con España en desacuerdo
A comienzos de los años 30 del siglo pasado, Portugal comenzó a legislar sobre las Islas Salvajes y en 1938, en plena Guerra Civil Española, la Comisión Permanente de Derecho Marítimo Internacional emitió un dictamen de soberanía en favor de Portugal, pero España no pudo apelarlo al estar sumida en la contienda.
Posteriormente, en 1971 las islas fueron compradas por Portugal -con la disconformidad de España- y se estableció una Reserva Natural. Esta reserva es actualmente la mayor zona marina totalmente protegida del Atlántico Norte, pero las disputas contemporáneas entre España y Portugal tienen más bien que ver con la catalogación de las islas de cara a una hipotética Zona Económica Exclusiva.
La Zona Económica Exclusiva, el verdadero problema
España considera que, incluso siendo de Portugal, Islas Salvajes no constituyen un archipiélago de islas que permitan el cálculo de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) o Plataforma Continental a partir de los mismos, limitando por tanto la actividad pesquera portuguesa. Portugal, por el contrario, sí considera que pueda ejercer establecer una ZEE al rededor de Islas Salvajes, pero el estatus de Reserva Natural durante las últimas décadas ha mantenido el equilibrio entre las reclamaciones de unos y otros sin mayores sobresaltos que algunos incidentes diplomáticos.
Ahora bien, si Portugal finalmente permite la pesca del atún en esas aguas, podrían regresar las reclamaciones de España. Algo que, por el momento, no ha merecido respuesta por parte ni del Ejecutivo español ni el canario. Desde julio, tan sólo un puñado de medios españoles se han hecho eco de la noticia, ampliamente cubierta en Madeira, y no ha habido ninguna manifestación ni análisis desde el Gobierno.
Tras la norma no escrita de no explotar las aguas de las Islas Salvajes también está, además del importante caladero que supone, un horizonte de minería submarina nada desdeñable.