El número 1 de la calle Isla de Lobos, ubicado en Puerto Rico (Mogán, Gran Canaria), es el escenario de un conflicto abierto entre propietarios particulares del Hotel Riosol y Riversun, la empresa dueña de los locales comerciales —restaurante, supermercado o gimnasio— y 97 apartamentos de los 240 del complejo. Una junta extraordinaria celebrada el pasado 28 de junio hizo saltar la paz por los aires después de que la presidenta de la comunidad presentara el borrador de un nuevo contrato de explotación con Servatur —compañía que gestiona alojamientos en otros puntos como Arguineguín, Bahía Feliz, Playa del Inglés o Morro Jable—.

El acuerdo, que al parecer ha salido adelante sin el visto bueno de la mayoría de propietarios, descabeza a Promotora Bayuca —de la que Riversun es su único accionista—, la entidad que explotaba los alojamientos desde 1995. En el edificio hay unos 100 propietarios, de los que 65 se oponen de manera férrea al contrato con Servatur porque, según dicen, se ha firmado sin contar con ellos y los perjudica desde el punto de vista económico. Raúl Marín, presidente de la Plataforma de Afectados del Hotel Riosol, asegura en declaraciones a Atlántico Hoy que el caso ha llegado a los juzgados.

Contexto

Para que nadie se pierda entre datos, nombres o entramados empresariales, es fundamental ir por partes. El Hotel Riosol fue levantado en los años 80, cuando el boom turístico en Canarias estaba en un punto de no retorno y construir alojamientos era el principal objetivo del sector. Riversun fue la promotora de aquellas obras, unos trabajos que culminaron con una edificación que tiene 240 unidades alojativas en su interior. Ahí comienza un periodo de compra-venta que culmina con 100 propietarios minoritarios —cada uno dispone de uno o dos apartamentos—.

Llega el año 1995 y se firma un contrato con Promotora Bayuca —documento que tenía, según Marín, fecha de caducidad el próximo mes de junio de 2025 al cumplir tres décadas—. El texto recogía que las rentas a abonar a los apartamentos serían variables y en función de los beneficios del ejercicio anterior. Eso sí, los locales que fueran propiedad de Riversun tendrían un precio fijo (sin depender del resultado económico del ejercicio anterior) así como renovación anual.

Desde la plataforma señalan que es llamativo que el secretario de la comunidad, cuando se firma dicho contrato, era Riversun "y que la mayoría de propietarios no tuvieran conocimiento del contenido de dicho contrato hasta que fue aportado en un procedimiento judicial".

60 años de contrato

Pasa el tiempo y una vez llega el 2011 se produce un relevo en los cargos: Riversun pasa de ser secretario del complejo a presidente de la comunidad, mientras que el cargo de secretaria lo asume una empleada de Promotora Bayuca. Ahora, con los términos aclarados, se puede volver al presente. En concreto, al 28 de junio de 2024, cuando tiene lugar la junta extraordinaria donde la presidenta de la comunidad presenta el nuevo contrato con Servatur.

Marín expone que, en realidad, nunca ha habido un control muy exhaustivo de la gestión, pero el acuerdo anunciado fue la gota que colmó el vaso. Protesta porque se trata de un contrato de explotación por 50 años con opción de prorrogarlo otros 10. En definitiva, seis décadas sin que nada pueda cambiar. Además, el presidente de la plataforma de afectados del hotel Riosol —que con una simple búsqueda en internet se puede comprobar que su nombre actual es Servatur Riosol— pone sobre la mesa que no se les ha hecho llegar el acuerdo como propietarios.

Deuda

La cosa no queda ahí porque, sostiene, Servatur les ha anunciado que no puede aumentar las rentas dado que debe hacer frente a una deuda de la comunidad, pese a que en ningún momento han presentado presupuesto y aprobado en Junta ninguna solicitud de crédito a nombre de la Comunidad. El motivo parece ser que Promotora Bayuca pidió un crédito en el año 2018 para llevar a cabo una reforma de los locales comerciales de su único accionista (Riversun) que conllevaba la actuación sobre fachadas y elementos comunes de la Comunidad de Propietarios. Y ahora pretenderían que dichas obras sean sufragadas por todos los comuneros.

Quienes están en contra decidieron acudir a la justicia para impugnar el acta de la junta celebrada el 28 de junio, a la que acudieron 48 propietarios. “La presidenta de la comunidad no nos dejó votar —ni siquiera a mano alzada—, dijo que teníamos 32 votos y ella 35”, señala Marín. Subraya que cuando pidieron el acta les respondió que “tenía prisa” y, al ir tres días después a solicitarlo a su despacho, tampoco les facilitó la información.

¿De “mala fe”?

Desde la Plataforma consideran que la convocatoria de la junta extraordinaria pudo haberse hecho “de mala fe” con el objetivo de “minimizar la asistencia de comuneros pues se realizó un viernes justo antes del inicio de las vacaciones de verano, pese a que llevaba dos años sin convocar ninguna”. Marín cuenta que se creó un grupo de WhatsApp donde se pudo comprobar que los votos en contra del contrato con Servatur duplicaba los de a favor.

“Parece que Servatur se está aprovechando de la debilidad y situación económica de Riversun/Promotora Bayuca para imponer unas cláusulas contractuales inasumibles por el resto de los propietarios. Entre las que se incluye un contrato a 50 años y rentas para los propietarios en torno a un tercio de lo que la explotadora está abonando en complejos similares del sur de Gran Canaria”, destaca la Plataforma en una nota.

Las rentas

El tema económico les preocupa porque cada propietario empezó cobrando hace 30 años 100.000 pesetas mensuales, lo que al cambio supone unos 600 euros. En la actualidad la cantidad que reciben no supera los 210 euros. Por eso esperaban el fin del contrato con Promotora Bayuca, pero la situación fue por un camino distinto al que deseaban. “Otra empresa seguro que nos pagaría más, entre 550 y 600 euros” afirma.

La tensión ha ido en aumento y terminó con la dimisión por parte de la secretaria. Ante el desespero por no recibir respuesta, los propietarios particulares convocaron una junta extraordinaria el pasado 15 de octubre porque contaban con una cuarta parte del total. Finalmente asistieron 65, aunque en total son 98 propietarios.

Nueva junta rectora

Allí se nombró una nueva junta rectora de la comunidad, que consta de presidente, vicepresidente, secretaria y tres vocales. Los acuerdos se notificaron notarialmente y vía burofax al anterior presidente. Todo “sin que se haya procedido a día de hoy a entregar la documentación requerida a la nueva junta directiva”.

La Plataforma de Afectados del Hotel Riosol no descarta volver a la justicia, pero esta vez para “denunciar a la presidenta de la comunidad por secuestrar la documentación”.

Marcar un precedente

Reclaman una “explotación honesta, clara y transparente del Hotel Riosol en beneficio de todos los propietarios, no solo de dos: Riversun y Servatur”. El pasado 30 de noviembre se concentraron en Puerto Rico para exigir lo que consideran justo y no dejarán de luchar hasta conseguirlo para marcar un precedente.

“No se tiene constancia que nunca antes se haya logrado en complejos turísticos del sur que los propietarios minoritarios hayan conseguido unirse en contra del “rodillo” que suele imponer el mayoritario”, exclaman.