Los riders de Canarias han anunciado que convocarán una huelga este verano por el "trato abusivo" que les aplica y porque no se cumple con la Ley Rider, aprobada por el Estado en agosto del pasado año, según ha informado el sindicato UGT en un comunicado este jueves.
Los repartidores que operan con la empresa Uber Eats denuncian la "externalización de las contrataciones a través de las empresas Closer Logistics y Deelivers". Los costes también corren a cargo de los trabajadores, quienes, tal y como recoge el comunicado, tienen que sufragar los gastos generados por las flotas, "ya que ya que dichas plataformas sólo pagan la irrisoria suma de 50€ al mes en este concepto". Uniformes, seguros de vehículo, cascos, móviles personales o los planes de datos para el uso de la aplicación Uber Eats, necesaria en el desempeño del trabajo, también los tienen que pagar los riders.
Demanda de los riders
Toda esta situación, se traduce en "una clara e indiscutible cesión ilegal de trabajadores por parte de la multinacional Uber Eats, lo que permite ahorrar todos los pasivos laborales", denuncia el sindicato. Los trabajadores defienden ser reconocidos por la empresa Uber Eats como empleados directos "con todos los beneficios laborales que ello implique; documentar y denunciar las irregularidades que se cometan contra la estabilidad laboral y la integridad profesional de todos nuestros compañeros; solicitar el reconocimiento de pago del 50% de todos los gastos asociados al uso de nuestros equipos móviles desde la fecha de firma de contrato hasta la entrega del móvil de la empresa; exigir la dotación de uniformes, botas de seguridad, guantes, cascos y carnets de identificación de la empresa", defienden.
Los riders claman por ello la reactivación de la aplicación de registro diario de la jornada laboral, una oficina física de Uber Eats en Gran Canaria, el reembolso de los días descontados a los trabajadores que presentaron fallas mecánicas de sus vehículos durante los primeros 3 días, un registro real de los kilómetros realizados o que se realicen los ingresos en gasolina.
En otro orden de exigencias, se solicita negociar la asignación de flotas a los trabajadores; mejorar la cobertura de póliza de seguro y exigir un informe detallado que especifique las circunstancias por las cuales se obligó a muchos compañeros a presentar papeles de vehículos de terceras personas de forma fraudulenta.