El sector de la construcción y la promoción inmobiliaria de Canarias reclama medidas "efectivas y no efectistas" para afrontar la crisis de la vivienda. Las organizaciones firmantes de un comunicado difundido este jueves consideran que las propuestas planteadas hasta ahora por las administraciones no resuelven el problema de acceso a una casa y advierten de que algunas pueden desincentivar la oferta y desviar inversiones hacia otros mercados.
El sector sostiene que la solución pasa por construir miles de viviendas a precios asequibles, tanto en régimen de alquiler como de compra, y cubrir con fondos públicos la diferencia entre los costes de producción y los precios que pueden asumir los ciudadanos.
En su comunicado, los promotores y constructores aseguran que sienten "una inmensa frustración" por no poder atender la demanda de vivienda, pese a tener identificados los factores que dificultan la producción. Entre ellos destacan dos cuestiones: la rentabilidad de los proyectos y su financiación.
Más suelo para construir
Entre las medidas que propone el sector figura la liberación y movilización de suelo público para incrementar la disponibilidad de terrenos urbanizables y permitir que promotores públicos y privados puedan construir a gran escala. También reclama poner a disposición de la iniciativa privada terrenos públicos que, según denuncia, llevan décadas sin desarrollarse por la burocracia y la falta de gestión.
Otra de sus prioridades es impulsar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y casas a precios asequibles, con recursos presupuestarios específicos para garantizar su producción. El comunicado también defiende aumentar la construcción de vivienda pública y destinar una parte de la nueva oferta al alquiler asequible a largo plazo.
El sector considera, además, que la lentitud administrativa encarece los proyectos antes incluso de que comiencen las obras. Por ello, reclama agilizar los procedimientos y reducir los plazos para conceder licencias urbanísticas, al tiempo que advierte de que las medidas regulatorias no serán suficientes si los ayuntamientos no las aplican.
Rebajas fiscales y financiación
El comunicado también apuesta por incentivos fiscales en lugar de medidas que penalicen la actividad inmobiliaria. Entre sus propuestas figuran rebajas fiscales para la compra de la primera vivienda, bonificaciones en el IRPF y una reducción de la carga tributaria que soporta la producción de casas.
En este último punto, el sector sostiene que los impuestos representan alrededor del 25% del precio de venta de una vivienda y reclama reducir la carga fiscal asociada a su construcción.
En materia financiera, propone recuperar fórmulas de préstamos cualificados similares a las aplicadas en los planes estatales de vivienda entre 1981 y 2012, tanto para promotores y arrendadores como para compradores e inquilinos. También plantea subvencionar el 50% de los intereses hipotecarios, recuperar las ayudas directas a la entrada y ampliar los beneficiarios de las ayudas a la compraventa de viviendas protegidas incluidas en el Plan Canario de Vivienda.
A estas medidas suma bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y un incremento extraordinario de las partidas presupuestarias destinadas a respaldar la producción de vivienda.
Críticas a las medidas actuales
El sector advierte de que determinadas políticas pueden provocar una reducción de la oferta y retrasar las decisiones de compra o alquiler. Según el comunicado, algunas medidas pueden generar un efecto "acantilado" al final de sus periodos de vigencia, con una paralización temporal de las operaciones y un posterior repunte de los precios.
Por ello, reclama que las administraciones centren sus esfuerzos en aumentar la oferta de vivienda asequible y financiar la diferencia entre el coste de construir y la capacidad económica de los hogares, especialmente de las personas vulnerables y las rentas medias.
"Las medidas efectistas sólo consiguen desconectar los resultados mediáticos de los resultados reales", concluye el comunicado.
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