El Ministerio de Función Pública anunció esta semana una batería de medidas para atajar el abuso de la temporalidad en el empleo público, que en España supera el 32 %, frente al límite del 8 % comprometido con Bruselas. Entre las propuestas se incluye la elaboración de planes estratégicos de personal, la implantación de registros con alertas para contratos temporales y sanciones disciplinarias a los responsables que incumplan la normativa.
Sin embargo, desde el sindicato CSIF en Canarias, ven estas medidas como insuficientes y de difícil aplicación práctica. “Hasta que no haya un hecho fehaciente y bien regulado, todos estos anuncios suenan a brindis al sol”, sostiene Javier Cruz, secretario autonómico de Acción Sindical de CSIF en Canarias.
Contratación descontrolada
La percepción desde CSIF es clara: “Hay más interinos que nunca”. Y no solo por la inercia administrativa, sino por la gestión de los fondos europeos, que ha llevado a contratar de forma temporal a cientos de trabajadores. “Se han cubierto necesidades estructurales con contratos temporales. En el Estado hay ministerios donde falta el 50 % del personal. Y aún así, no se convoca empleo público estable”, explica Cruz.
Uno de los principales fallos que señala el sindicato es la ausencia de planificación de recursos humanos. “No se diseñan plazas estructurales. Contratas a un interino para formarlo, y al mes se va porque ha aprobado la oposición. Y vuelta a empezar.”
Canarias, segunda por la cola
Según los últimos datos recogidos por Atlántico Hoy, Canarias registra una tasa de temporalidad del 36 %, solo por detrás del País Vasco. Los sectores más afectados son sanidad y educación, donde decenas de miles de trabajadores encadenan contratos semanales o mensuales desde hace años.
En el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, hay más de 15.000 estatutarios y una gran parte trabaja sin plaza fija. En Educación, “muchos docentes llevan años cubriendo las mismas plazas sin que estas se conviertan en fijas, a pesar de tratarse de necesidades estructurales”, denuncia Cruz.
Fallo estructural persistente
Para CSIF, la causa de fondo está en el sistema de convocatorias. “Una oferta de empleo público puede tardar hasta seis años entre su aprobación y la incorporación efectiva del funcionario. Así es imposible planificar”, lamenta.
Además, la tasa de reposición ha sido durante años un freno importante: “Si necesitas a alguien para tramitar una ayuda ganadera cada año, necesitas cubrir esa plaza, no parchearla cada primavera”.
Estabilización parcial
Sobre el proceso de estabilización iniciado en 2022 en virtud de la Ley 20/2021, CSIF reconoce avances —más de 12.000 plazas en Canarias—, pero considera que “el ajuste es parcial”. “Después de que termine la estabilización, seguiremos teniendo el mismo problema, porque se siguen contratando interinos sin previsión. Esperamos no estar dentro de 10 años igual que ahora.”
El sindicato también alerta sobre la ejecución irregular de los procesos: plazas mal identificadas, trabajadores estabilizados en varias administraciones, e incluso entidades locales “que no tenían recursos técnicos para hacer los cálculos requeridos”.
Impacto en el ciudadano
La precariedad se traduce, finalmente, en servicios públicos inestables y rotación constante. “Un día estás en un centro de salud, la semana siguiente en otro. Eso afecta a la continuidad asistencial y repercute directamente en la atención al ciudadano”, afirma Cruz.
En definitiva, mientras el Gobierno central plantea fórmulas para reducir la interinidad y evitar nuevas sanciones europeas, en Canarias se mantiene una realidad paralela: la falta de planificación, la debilidad de los procesos selectivos y la resistencia estructural al cambio continúan sosteniendo uno de los sistemas de empleo público más precarios del Estado.