La solicitud para la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tomate Canario ha superado con éxito su primera fase de tramitación administrativa a nivel nacional. Tras finalizar el periodo de información pública de dos meses sin que se haya presentado ninguna alegación, el expediente será remitido oficialmente a la Comisión Europea por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La iniciativa, nacida de una propuesta de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (FEDEX) junto con el Cabildo de Gran Canaria, ha contado con el respaldo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

El director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, detalló que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Declaración Favorable a la tramitación en la Unión Europea. Según Arráez, este resultado "supone un aval definitivo a la solidez técnica de la propuesta y un gran avance hacia la protección definitiva del nombre y la calidad de una de las producciones agrícolas más emblemáticas de Canarias", además de significar una herramienta para afrontar la "competencia desleal por la entrada de producciones procedentes de países terceros".

Protección del nombre y restricciones a imitaciones

Tras concluir este plazo sin reclamaciones, el nombre de la indicación goza ya de protección hasta que finalice el proceso en las instituciones comunitarias. Una vez completado todo el trámite, el uso del calificativo ‘Tipo Canario’ quedará restringido exclusivamente a los productores amparados por este distintivo de calidad, impidiendo imitaciones en el mercado.

A partir de la recepción del expediente, la Comisión Europea dispondrá de un plazo máximo de seis meses para examinar la documentación. Una vez validada, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), abriendo un nuevo periodo de información pública y oposición a escala europea de tres meses, previo al reconocimiento definitivo.

Esta figura de protección busca garantizar que la reputación del producto se vincule a su medio geográfico originario. Asimismo, actúa como un elemento de impulso para la economía rural en las Regiones Ultraperiféricas (RUP), donde los costes de producción son más elevados respecto al continente, sirviendo de complemento a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Dos décadas de recorrido

El sector del tomate persigue este reconocimiento desde hace aproximadamente veinte años. Pese a un intento previo hace una década por parte de FEDEX y ACETO, las incertidumbres regulatorias, logísticas y comerciales de aquel momento impidieron finalizar el proceso.

El cultivo del tomate en el Archipiélago, con una trayectoria exportadora que cumplió 140 años el pasado ejercicio, basa su expediente de solicitud en factores históricos, geográficos y sociales. Las condiciones climáticas de las islas, marcadas por la influencia de los vientos alisios y las horas de sol, unidas al conocimiento técnico acumulado por generaciones de agricultores, fundamentan el vínculo del producto con su entorno para la obtención de este sello europeo.