La vivienda ha pasado de ser un problema presente en cualquier conversación cotidiana a convertirse en uno de los asuntos que más tensión genera en España. El acceso a una casa, el precio del alquiler o la falta de oferta han vuelto a situarse en primera línea de la actualidad con el caso de Maricarmen. Pero en comunidades como Canarias el debate nunca ha parado, y desde hace años va de la mano con uno de los motores económicos de las islas, el turismo.
Ese fue precisamente uno de los focos del coloquio sobre vivienda y turismo celebrado durante la primera jornada vespertina de la IV edición de BCN Desperta!, el foro organizado por Crónica Global, Metrópoli y El Español. Jonathan Domínguez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, y Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, abordaron esta cuestión que afecta de manera especialmente intensa a las islas bajo la moderación de Martín Alonso, director de Atlántico Hoy.
Alonso puso desde el comienzo la mirada sobre Canarias y recordó la vinculación profesional previa de Domínguez con la vivienda y el sector inmobiliario. Sobre la mesa estaba cómo compatibilizar una actividad económica esencial como el turismo con el derecho de acceso a una vivienda, pero también hasta qué punto las políticas de los últimos años han contribuido a resolver o agravar el problema.
"Un brindis al sol"
La actualidad manda, y el coloquio no podía comenzar sin abordar el nuevo decreto estatal sobre vivienda, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE, que incluye medidas sobre desahucios, alquileres y vivienda turística. En este caso, Domínguez señaló que desde el Gobierno canario todavía no habían realizado una valoración en profundidad, pero sí cuestionó su planteamiento general.
El viceconsejero calificó las medidas como un "brindis al sol" y sostuvo que dejan "poco margen para determinadas actuaciones". No obstante, defendió la "hoja de ruta emprendida" por Canarias durante los últimos tres años para intentar abandonar el "cortoplacismo político" y avanzar hacia "cambios estructurales" en vivienda.
Para Domínguez uno de los grandes problemas está en la falta de oferta. "No hay vivienda y, sobre todo, no hay vivienda pública", valoró. De hecho situó parte del origen de esa escasez en la crisis económica de 2008 y en las posteriores restricciones al gasto público "que frenaron durante años la creación de parque público".
También defendió que el mercado inmobiliario "necesita mayor seguridad y menos intervencionismo" porque los cambios regulatorios "han llevado a propietarios a retirar viviendas del alquiler residencial, pero no únicamente para destinarlas al alquiler vacacional". Según el viceconsejero, parte de esos inmuebles "se han vendido y han terminado en manos de compradores que los utilizan como residencia".
El caso Maricarmen
Gonzalo Bernardos tampoco mostró confianza en que los últimos decretos "permitan resolver a corto plazo" un problema que considera urgente. El economista centró parte de su intervención en la insuficiencia de la vivienda protegida y en las dificultades que afronta actualmente la promoción inmobiliaria "por el encarecimiento de los materiales, la falta de mano de obra y el aumento de las exigencias burocráticas".
En cuanto al caso Maricarmen, Bernardos cuestionó que su irrupción en la agenda política "haya sido casual" y acusó al Gobierno de "aprovechar el impacto emocional generado por el caso para acelerar sus medidas". Domínguez recogió parte del diagnóstico del economista y aseguró que "aunque es duro, refleja una realidad que debe analizarse teniendo en cuenta las diferencias entre comunidades autónomas". En el caso de Canarias recordó que buena parte de las competencias de vivienda corresponden a la comunidad autónoma, lo que ha permitido "desarrollar una hoja de ruta propia".
15 años atrás
Para explicar la situación actual, Domínguez defendió la necesidad de realizar un "análisis forense" de lo ocurrido durante los últimos 15 años con el deterioro de la construcción, por qué dejó de generarse suficiente vivienda y qué decisiones no deberían repetirse. En ese recorrido situó como uno de los momentos determinantes las restricciones introducidas a partir de 2012 para las administraciones con determinados niveles de endeudamiento.
Según explicó, esas limitaciones también afectaron a la inversión en vivienda pública. Aseguró que Canarias pudo salir de esa situación en 2018 y comenzó entonces la redacción de un Plan Canario de Vivienda, aunque Domínguez afirmó que posteriormente "quedó paralizado y fue retomado con el actual Ejecutivo autonómico".
A ese parón sumó el coste de construir. El viceconsejero sostuvo que levantar una vivienda "resulta actualmente mucho más caro que hace una década" y vinculó el incremento al encarecimiento de las materias primas tras la pandemia o la guerra de Ucrania, aunque criticó que los precios han seguido subiendo tras ello. También hubo espacio para la ironía, ya que Bernardos aseguró a Domínguez que "para solucionar el problema de la vivienda, había que observar todo lo que hace Cataluña y hacer lo contrario".
El peso del turismo
Otro de los asuntos en los que se centró el debate fue la intención de Canarias de aprovechar la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea para avanzar en su propuesta de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros. Preguntado al respecto, Jonathan Domínguez matizó que no se plantea una prohibición, que considera imposible, sino estudiar "mecanismos regulatorios" atendiendo a la fragilidad de las islas.
Según los datos expuestos por el viceconsejero, alrededor de un 40% de las viviendas compradas en Canarias durante 2025 fueron adquiridas por extranjeros para destinarlas a segunda residencia o alquiler vacacional. Domínguez defendió que la vivienda vacacional es "una actividad legítima" que permite distribuir "parte de la riqueza turística más allá del sector hotelero", pero insistió en que debe ser "una actividad económica regulada". Reconoció que la regulación actual ha generado rechazo en la mayoría de propietarios, pero sostuvo que las islas habían alcanzado "una situación muy delicada en zonas cercanas a los núcleos turísticos" donde incluso los trabajadores "tienen dificultades para acceder a una vivienda".
Miles de viviendas, pero todavía insuficientes
Domínguez diferenció además este perfil del de otras familias a las que se dirigen las políticas de vivienda pública en alquiler social o asequible de larga duración. En este ámbito, afirmó que Canarias cuenta "con cerca de 5.000 viviendas entre las aproximadamente 2.000 que están en construcción y otras 2.500 proyectadas para comenzar su licitación".
A ellas añadió la estrategia para movilizar también al sector privado mediante modificaciones de la Ley del Suelo y el uso de terrenos destinados a vivienda protegida. Según las cifras expuestas por el viceconsejero, esta vía permitirá tener "casi 6.000 viviendas en marcha".
Con el tiempo de debate más que agotado, Martín Alonso bromeó con un "no nos van a invitar más" antes de dar paso al cierre. Domínguez terminó entonces reconociendo que, pese al volumen de viviendas previstas y en marcha, las cifras siguen siendo insuficientes para responder a las necesidades de los canarios.
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