El mercado inmobiliario en el Archipiélago está llegando a su límite. Los precios cada vez más altos, la poca oferta y una demanda abismal son las principales razones que agravan la crisis habitacional en las Islas —sin dejar de lado la especulación o los pisos turísticos—. El Gobierno autonómico se ha propuesto atajar el problema con distintas medidas entre las que destacan la vivienda asequible incentivada o la Hipoteca Joven Canaria.
Ambos forman parte de la hoja de ruta trazada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad —encabezada por Pablo Rodríguez— con el objetivo de paliar un hándicap que pone contra las cuerdas a un buen número de ciudadanos que quieren alquilar o comprar una casa. Lo llamativo es que la vivienda asequible incentivada está incluida en la Ley Estatal, pero Canarias será la primera comunidad en ponerla en marcha.
Clases medias
La herramienta está incluida en el decreto aprobado el pasado 21 de abril para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. El documento recoge que es una nueva modalidad a caballo entre la parte pública y la privada prevista en la norma que elaboró hace dos años el Ejecutivo central. Además, el texto lo justifica al existir la emergencia habitacional.
Las personas para quienes se ideó la vivienda asequible incentivada son aquellas que, aún teniendo dos salarios en su unidad familiar, no pueden acceder a una casa por el alto coste que supone. Significa estar en un limbo porque, por ejemplo, no pueden comprarse un inmueble, aunque tampoco están dentro del umbral de las viviendas protegidas. Cubre un vacío que han detectado en las clases medias que no pueden optar a otras ayudas.
Superficie
El decreto recoge que el arrendatario o unidad familiar no podrá tener ingresos que excedan seis veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ni podrá ser titular de una vivienda protegida o libre. La superficie del inmueble irá entre los 60 y los 120 metros cuadrados —en función de cuántas personas vayan a acceder—. Además, está prohibido que se utilice para el alquiler vacacional.
Merece la pena resaltar que el régimen de calificación de las viviendas asequibles incentivadas se extenderá durante 10 años. Es decir, cuando pase una década pasarán a ser casas libres. Se ha establecido que podrán ser de nueva promoción o bien instalarse en viviendas y edificaciones ya existentes. Pero la cosa no queda ahí, porque tendrán la posibilidad de acogerse a beneficios fiscales.
"Soluciones justas"
Desde el Gobierno de Canarias señalaron a finales del año pasado que lo consideran una figura esencial para “ofrecer soluciones habitacionales justas, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales de la población”. “Es un paso valiente y necesario para garantizar el acceso a la vivienda digna de miles de ciudadanos”, agregaron. A estas alturas cabe la pregunta de: ¿en qué se puede resumir la herramienta?
En esencia, se llevará a cabo mediante incentivos urbanísticos poniéndolo fácil para la construcción de casas destinadas en exclusiva al alquiler a precios accesibles para un amplio segmento de población. Lo harán de la mano de promotores privados —no se trata de viviendas protegidas— con beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones.
Emanciparse
Uno de los sectores de la sociedad más perjudicados con el problema de la vivienda son los jóvenes. Una buena parte no tiene la posibilidad de emanciparse porque encontrar un alquiler que se pueda permitir es casi misión imposible.
El Ejecutivo regional destinó para 2025 una partida de tres millones de euros con la finalidad de implementarla. A día de hoy se encuentra en consulta pública.
Aval del Gobierno
El objetivo es financiar a jóvenes de hasta 40 años que deseen adquirir su primera vivienda con hasta el 95% del precio de compra —por encima del 80% que suelen ofrecer las entidades financieras—.
Rodríguez ha señalado que el esfuerzo será posible gracias a la colaboración entre el Gobierno de Canarias y las entidades financieras adheridas al programa. Las entidades serán las encargadas de asumir la gestión directa de las solicitudes y la tramitación de las hipotecas. El Gobierno pretende que esté plenamente operativa en los primeros meses de este año.