Una empresa pesquera puede quedarse fuera de la Zona Especial Canaria (ZEC) después de una inspección de la Agencia Tributaria. La compañía, que se ha puesto en contacto con Atlántico Hoy y desea mantener su anonimato, tiene sede en Fuerteventura y forma parte de la ZEC desde 2019. Su actividad principal es la pesca marítima, el transporte marítimo de mercancías y el comercio al por mayor de pescados.
La excusa utilizada por el inspector de la Hacienda Pública para la expulsión es que, “a pesar de la titularidad formal, realmente la entidad objeto de comprobación se limita a dar soporte administrativo, en el área contable, de una actividad económica que se realiza, en su integridad, fuera del territorio del archipiélago canario”. En definitiva, según la institución, la empresa se estaría beneficiando de las facilidades que ofrece la Zona Especial Canaria sin faenar bajo bandera de un país comunitario, sin formar parte del Registro especial de Buques de las Islas Canarias, sin descargar el pescado en el archipiélago y sin que su tripulación sea residente en España.
Este medio se ha puesto en contacto con la dirección de la Zona Especial Canaria para preguntar sobre esta situación, pero afirman no ser conscientes de la supuesta realidad de la empresa.
La empresa se defiende
La portavoz de la empresa ha denunciado que, si la expulsión se realiza, será por motivos personales que el inspector de la Agencia Tributaria tiene “contra las zonas de baja tributación, en general, y contra las empresas de compraventa de pescado, en particular, y de discriminación” con la tripulación y propiedad de la empresa. Es importante resaltar que los socios son, en su mayoría, letones “y no rusos, que es una connotación que él no quiere entender”.
La compañía aún forma parte de la Zona Especial Canaria “porque hemos actuado exactamente en base a la memoria que presentamos para obtener nuestro registro”, afirma tajante. Pero este inspector “nos ha visitado varias veces en Fuerteventura y, al no encontrar nada por lo que multarnos o sancionarnos —porque no se ha encontrado ningún tipo de fallo en lo que es la contabilidad o fiscalidad de la empresa— ha decidido, bajo su criterio, que no deberíamos estar en la ZEC”, asegura.
Los argumentos
“Nosotros en ningún momento dijimos que íbamos a faenar bajo una bandera española ni que la mercancía fuera a ir a Canarias. Es lo que está reflejado en el proyecto que presentamos y es algo que la propia ZEC autorizó”, mantiene.
La memoria descriptiva de las actividades económicas a realizar que la empresa presentó para poder comenzar a ser parte de la ZEC, y a la que este medio ha tenido acceso, reflejaba en varias ocasiones que la compañía estaba constituida en Letonia pero no en territorio español —aunque la inversión económica se realizaría en Fuerteventura y uno de los tres socios residiría en la misma—. Además, aunque uno de los requisitos para formar parte de la ZEC es la creación de, al menos, cinco o tres puestos de trabajo según se trate de las islas capitalinas o no; “el equipo de producción pesquera no será residente en Canarias por norma general. Por lo que la creación de cinco puestos de trabajo, siendo requisito en las islas capitalinas, no sería algo realizable, dado que no se ajustaría a las necesidades reales de la empresa”, reza el documento.
Por otro lado, es cierto que en el mismo la única referencia a empresas canarias es la de reparación, montaje, mantenimiento y, en definitiva, puesta a punto de los buques. Esto, junto a las labores de aprovisionamiento, se realizan con compañías del archipiélago.
Asimismo, y siguiendo con los argumentos expuestos por la compañía para defenderse de las acusaciones, en la memoria descriptiva se destaca que los clientes que recibirán la mercancía —el pescado— no son canarios y tampoco países comunitarios —Guinea Bissau, Sierra Leona y Gana—. Aunque sí lo son los proveedores como Acreodemar SL, Astilleros Canarios SA, Grupo Suim, Talleres SanPer o Rothar Brothers.
La ZEC y la Agencia Tributaria
La empresa pesquera siempre expresó su disconformidad con el punto de vista del inspector de la Agencia Tributaria y llegó a presentar alegaciones en mayo de 2023. “Lo que no es comprensible”, asegura la compañía, “es que el Consejo Rector de la ZEC y la Agencia Tributaria, ambos organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, tengan criterios diferentes sobre qué actividades se pueden encuadrar en la ZEC y que esto perjudique de forma directa al contribuyente”.
Que exista esta discrepancia de criterios “no puede perjudicar al contribuyente que ha venido actuando acorde a la autorización expresa del Consejo Rector y que desconocía hasta la apertura del presente procedimiento la discordancia existente entre ambos organismos”.