Airbnb ha acordado con el Gobierno de Canarias retirar de su plataforma todo anuncio que no cumpla la normativa autonómica sobre alquileres de corta estancia o vacacionales, lo que le ha llevado ya a eliminar 157 tiendas de campaña, barcos, yurtas y furgonetas detectados por la inspección.

Así lo han anunciado este viernes la consejera canaria de Turismo, Jéssica de León (PP), y el director general de Airbnb Marketing Services SL, Jaime Rodríguez de Santiago, quien ha subrayado que la empresa ha suscrito más de mil acuerdos similares con administraciones públicas en todo el mundo, vinculados a la labor inspectora de las comunidades autónomas.

Ordenar la oferta turística y promover el equilibrio

De León ha recordado que Canarias ya ha firmado convenios similares con otras plataformas, como Booking, y ha destacado la necesidad de ordenar normativamente “el caos que vive la industria turística” tras la aparición de nuevas formas de alojamiento.

Ha recalcado que el proyecto de ley sobre vivienda vacacional, en tramitación en el Parlamento de Canarias, busca promover la convivencia y el equilibrio, tanto con la oferta turística preexistente como con la residencial.

La consejera ha señalado que la colaboración de estas plataformas es esencial para promover un turismo responsable y respetuoso con la nueva normativa europea sobre alquileres de corta estancia, que entrará en vigor en España en julio y obligará a operar bajo un registro específico.

Inspección, digitalización y campañas de concienciación

Con este acuerdo con Airbnb, Canarias inicia la depuración de la oferta no reglada, lo que beneficiará tanto a residentes como visitantes, según De León. Ha admitido, no obstante, que es necesario reforzar cuanto antes el personal encargado de la inspección turística, actualmente formado por 14 empleados de una plantilla prevista de 45.

Ha recordado que se prevé que la Policía Canaria pueda colaborar con esta tarea inspectora, en coordinación con la digitalización de la oferta alojativa, que puede ayudar a detectar irregularidades.

Airbnb, por su parte, se ha comprometido a lanzar una campaña de comunicación para explicar y concienciar sobre la nueva normativa europea, y ha anunciado su intención de firmar más acuerdos con otras administraciones españolas para lograr “una buena convivencia entre lo público y lo privado”.

Empoderar a las comunidades y garantizar la convivencia

De León ha señalado que se trata de “cuidar el destino, a los propietarios que cumplen con la normativa y al cliente”, y ha explicado que es la Inspección Turística la que traslada a plataformas como Airbnb peticiones de retirada de ofertas ilegales.

La consejera ha aplaudido la Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde este jueves, que modifica la Ley de Propiedad Horizontal para empoderar a las comunidades de vecinos, que ahora podrán aprobar o rechazar el alquiler turístico en sus edificios, una herramienta clave ante la proliferación de este fenómeno y su impacto en el acceso a la vivienda.

A su juicio, lo que está en juego es “la convivencia”, y considera que esta nueva norma impulsará en Canarias el “necesario equilibrio entre los residentes y los turistas”.

Para Jéssica de León, esta ley supone además “un espaldarazo” al proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que ya se debate en el Parlamento canario.