La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias ha modificado la Autorización Ambiental Integrada de las Turbinas de Gas de Arona para incorporar un nuevo generador diésel de emergencia. El equipo permitirá alimentar los servicios auxiliares y comunes de la instalación cuando se interrumpa su suministro habitual, tanto por cortes de electricidad como por trabajos de mantenimiento.
Las Turbinas de Arona son una instalación de producción de electricidad situada en la subestación de Oroteanda, en el municipio tinerfeño de Arona. Disponen de dos turbinas principales de 24,3 megavatios eléctricos cada una, que suman una potencia de 48,6 megavatios. La electricidad que generan se entrega a la red a través de una subestación de 66 kilovoltios.
Los equipos utilizan gasóleo como combustible, siendo la turbina de gas la tecnología que usa el sistema: los gases calientes procedentes de la combustión mueven una turbina que acciona un generador eléctrico.
Respaldo para los servicios internos
El complejo cuenta también con sistemas de almacenamiento de combustible, lubricación, protección contra incendios y reducción de ruido. El gasóleo se almacena en dos tanques de 250 metros cúbicos, ubicados dentro de un recinto estanco destinado a recoger posibles pérdidas. Las turbinas disponen, además, de inyección de agua desmineralizada para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno.
El nuevo generador tendrá una función de respaldo para el funcionamiento interno del complejo. Según la memoria de la empresa reproducida en la resolución, su uso quedará vinculado a las pérdidas de alimentación en los armarios de media tensión. Se conectará a una barra de distribución de servicios auxiliares de 6,3 kilovoltios y atenderá también los servicios comunes y generales.
Sin conexión directa a la red
El equipo no se conectará directamente a la red eléctrica. Su incorporación está destinada a mantener la alimentación de esos servicios internos. El anexo lo describe como un motor diésel de emergencia de 800 kilovatios de potencia térmica, una magnitud distinta de la potencia eléctrica que puede entregar un generador.
Este equipo se añade al motor de emergencia asociado al sistema contra incendios, que impulsa agua para mantener la presión de esa red.
Emisiones y registro de uso
La modificación incorpora también las condiciones ambientales aplicables al nuevo foco emisor. Para los motores diésel de emergencia, la autorización establece límites de emisión de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas. El límite de óxidos de nitrógeno pasará de 2.300 a 1.850 miligramos por metro cúbico normalizado a partir del 1 de enero de 2030. Las cifras corresponden a concentraciones en los gases de escape, bajo las condiciones de referencia fijadas en el documento.
La empresa deberá registrar cada puesta en marcha de los motores de emergencia, con la fecha, la hora, la duración y una justificación de los motivos de uso. También tendrá que contabilizar el tiempo acumulado de funcionamiento durante el año.
Controles ambientales
La resolución reproduce, además, las condiciones ambientales del conjunto de la instalación. La Autorización Ambiental Integrada reúne las exigencias sobre emisiones, ruido, residuos y protección de las aguas y del suelo, sin sustituir los demás permisos o licencias que puedan resultar necesarios.
En el caso de las turbinas principales, el texto exige controles semestrales de las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas por una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental. También contempla la cuantificación anual de las emisiones durante las operaciones de arranque y parada.
Ruido y protección del suelo
En materia de ruido, la instalación deberá disponer de un plan de mantenimiento acústico. La autorización exige un estudio de evaluación dentro del año siguiente a la notificación de la resolución y, posteriormente, con periodicidad trienal, salvo que la Administración modifique esa frecuencia. Si se detectan incumplimientos, deberán adoptarse medidas correctoras.
El documento prohíbe los vertidos al subsuelo y establece medidas para prevenir fugas de combustible y proteger el suelo y las aguas subterráneas. La empresa deberá presentar los informes de seguimiento y evaluación del cumplimiento, con carácter general, durante el primer trimestre de cada año.
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