La Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), integrada por Femete y Femepa, ha lanzado una advertencia sobre la situación crítica que atraviesa el Archipiélago en materia de gestión de residuos peligrosos. Según el sector, la falta de instalaciones autorizadas en Canarias y las crecientes restricciones en la Península podrían derivar en un bloqueo generalizado de la actividad económica.
La organización empresarial sostiene que las islas no cuentan actualmente con infraestructuras propias para tratar este tipo de residuos, lo que obliga a trasladarlos fuera del territorio. Sin embargo, varias comunidades autónomas, con Andalucía a la cabeza, están limitando la recepción de estos materiales, complicando aún más la situación.
El amianto, un problema con fecha límite
Uno de los puntos más preocupantes señalados por el sector es la gestión de residuos con amianto. A partir del 1 de abril, las obras en las que se detecte este material no podrán continuar si no existe una vía legal para su tratamiento.
Esta circunstancia, advierten, podría paralizar proyectos en marcha, especialmente en ámbitos como la construcción o la rehabilitación de edificios, donde la presencia de amianto es relativamente frecuente.
Impacto en más de 1.000 empresas
La CREM asegura que esta situación afecta directamente a más de 1.000 empresas en Canarias, que se ven incapaces de cumplir con sus obligaciones legales y medioambientales. El problema se extiende a múltiples sectores, desde la gestión de residuos y las chatarrerías hasta talleres de automoción, industrias o establecimientos turísticos.
Además, la situación es especialmente compleja en las islas menores, donde la falta de gestores que operen con regularidad agrava aún más las dificultades.
Petición de soluciones urgentes
Ante este escenario, las patronales han solicitado una reunión urgente con el Gobierno de Canarias para plantear un plan de actuación. Entre las propuestas, destacan la necesidad de adoptar medidas transitorias a corto plazo que permitan seguir gestionando los residuos, así como la creación de infraestructuras propias en el Archipiélago a medio plazo.
El objetivo es avanzar hacia un modelo que permita tratar estos residuos dentro de Canarias, reduciendo la dependencia exterior y apostando por una economía circular.
Un problema estructural para la economía canaria
Desde el sector se insiste en que la situación actual pone en riesgo la actividad de sectores clave. Las organizaciones empresariales advierten de que no se puede exigir el cumplimiento de la normativa si no existen los medios necesarios para hacerlo.
Además, el incremento de residuos con amianto en los últimos años y el encarecimiento del transporte marítimo entre islas están agravando el problema, dificultando aún más la gestión de estos materiales.
Llamamiento a una respuesta conjunta
Las patronales consideran que este no es solo un problema empresarial, sino una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad canaria. Por ello, reclaman la implicación de las administraciones públicas y del conjunto de los agentes implicados para encontrar soluciones a corto, medio y largo plazo.
El reto, señalan, pasa por garantizar una gestión adecuada de los residuos dentro del propio territorio insular, en un contexto marcado por la fragilidad ambiental de Canarias y la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible.