La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a José L. R. R., administrador de la empresa Petroamaro SL, a un total de nueve años de prisión y multas que superan los cinco millones de euros por defraudar a la Hacienda Pública entre 2017 y 2020. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el TSJC, también afecta a la empresa, que deberá disolverse y pagar multas por un valor de 3,25 millones de euros.
La defraudación se produjo al declarar incorrectamente el tipo de combustible vendido. Según el fallo del tribunal, a partir de la denuncia presentada por Suministro Santana Domínguez SL, Petroamaro SL vendía gasóleo pero lo tributaba como fueloil, lo que permitía a la empresa pagar menos impuestos.
De 0,56 a 222 euros
El tipo impositivo del fueloil es de 56 céntimos de euro por tonelada métrica, mientras que el del gasóleo es de 222 euros por cada 1.000 litros. Esta práctica ilegal permitió a la empresa dejar de ingresar al erario público más de 2,8 millones de euros durante los cuatro años investigados.
La Agencia Tributaria Canaria tuvo un papel decisivo en el fallo judicial, ya que fue la entidad que investigó y presentó las pruebas clave que demostraron la defraudación fiscal.
Actuando como acusación particular, la administración fiscal regional aportó documentación y peritajes que demostraron que la empresa vendía gasóleo pero lo tributaba como fueloil. Estas pruebas fueron fundamentales para que el tribunal declarara probados los hechos y condenara a los acusados.
Peritos y testigos
Además, la Agencia Tributaria determinó las cantidades defraudadas, que ascendieron a más de 2,8 millones de euros entre 2017 y 2020. Estas cifras fueron corroboradas por los peritos y testigos durante el juicio, lo que reforzó la posición de la acusación.
La colaboración del ente fiscal —dependiente de la consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias— en la investigación fue clave, especialmente en la recopilación de facturas, documentos aduaneros y análisis técnicos que demostraron que el producto vendido era gasóleo y no fueloil, como declaraba la empresa.
Inhabilitaciones públicas
La sentencia detalla que José L. R. R. es responsable de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, dos de ellos agravados por la cuantía defraudada.
Por cada uno de los delitos agravados, se le impone una pena de tres años de prisión y una multa de 2 millones de euros. Además, se le prohíbe obtener subvenciones públicas y beneficios fiscales durante siete años, y se le inhabilitará para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Disolución de la compañía
En cuanto a la empresa Petroamaro SL, la sentencia establece su disolución y la imposición de multas por un total de 3,25 millones de euros. Además, la empresa no podrá obtener ayudas públicas ni beneficios fiscales durante cinco años, y se le suspenderá la actividad empresarial durante cuatro años.
La responsabilidad civil también ha sido establecida en la sentencia. Tanto José L. R. como Petroamaro SL deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Agencia Tributaria Canaria con 3.020.084,82 euros, cantidad que incluye recargos e intereses de demora. La Agencia Tributaria, como beneficiaria de esta indemnización, refuerza su papel central en la resolución del caso.
Precedente
El tribunal absolvió al acusado del delito de falsedad en documento público, al considerar que no se había acreditado suficientemente este cargo.
Esta sentencia sienta un precedente importante en la lucha contra el fraude fiscal en Canarias, especialmente en el sector de los combustibles, donde las prácticas irregulares pueden tener un impacto significativo en las arcas públicas.
También destaca el papel de la Agencia Tributaria. Este caso subraya la importancia de las instituciones fiscales en la detección y persecución del fraude, asegurando que se apliquen las sanciones correspondientes tanto a nivel penal como civil.