Una denuncia presentada ante el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria coloca bajo la lupa judicial el supuesto señalamiento de trabajadores dentro de RTVE Canarias por su cercanía profesional a la anterior directora del Centro de Producción, Francisca González Santana. El escrito sostiene que varios empleados fueron identificados en conversaciones privadas como personas próximas a González mientras se desarrollaba una pugna interna que acabó con su relevo y con la orden de incorporarse profesionalmente a Madrid.
El documento señala inicialmente a Miguel Ángel Guerra, actual director del Centro de Producción de RTVE en Canarias y anteriormente jefe de Informativos, y a Miguel Ángel Curieses, secretario general estatal de UGT en la Corporación. González, en el escrito, atribuye a ambos una sucesión de actuaciones dirigidas, según su versión, a debilitar su posición, vaciar sus competencias, aislarla dentro de la organización y conseguir finalmente su salida.
Posibles delitos
La denuncia plantea, sin perjuicio de lo que determine una eventual investigación judicial, posibles delitos contra la integridad moral, acoso en el ámbito laboral, coacciones y, en su caso, contra los derechos de los trabajadores. Se trata de la calificación jurídica que propone la denunciante: los hechos que relata y las responsabilidades que atribuye no han sido declarados probados por un tribunal.
El procedimiento penal coincide, además, con otro frente judicial. Este miércoles, 7 de octubre, se dirime en la jurisdicción social el cambio de destino de González a Madrid, una decisión que la periodista ha impugnado y que la denuncia penal presenta como el último episodio de una secuencia que habría comenzado meses antes.
“Bocas agradecidas”
Uno de los elementos centrales entregados al juzgado son fotografías de una conversación de WhatsApp que la denuncia atribuye a Guerra y Curieses. En ese intercambio aparece una relación de trabajadores vinculados profesionalmente con González: Natalia Fumero, coordinadora de Deportes; Rubén Castellano, informador; Juan José Moreno, responsable de Gestión de Personal; y María del Pino Ortega, subdirectora del programa Tenderete, que había sido nombrada aproximadamente un mes antes.
Según el escrito, esas cuatro personas aparecen agrupadas bajo la expresión “bocas agradecidas” de González. La exdirectora, a través de su denuncia, interpreta la conversación como la existencia de una relación de empleados identificados por su proximidad profesional, su lealtad institucional o el respaldo que habían mantenido hacia quien entonces estaba al frente del centro.
La denuncia concede especial importancia a esta cuestión porque esos profesionales, según fuentes de TVE consultadas por Atlántico Hoy, han sido relevados de sus puestos y algunas de esas personas incluso ya habían comunicado previamente situaciones que consideraban discriminatorias o vejatorias dentro del Centro de Producción y habían encontrado respaldo en González.
Quejas internas
Es el caso de Natalia Fumero. El escrito asegura que la entonces coordinadora de Deportes había trasladado internamente quejas por comportamientos discriminatorios por razón de sexo. También recoge expresiones despectivas que atribuye a Guerra sobre su trabajo y sostiene que González intervino para exigir respeto hacia la trabajadora.
Otro de los nombres es Rubén Castellano, que había superado una oposición para la categoría de informador. Según la denuncia, se habría afirmado internamente que “no estaba preparado para ser redactor en los Telecanarias”, una consideración que habría servido para apartarlo y destinarlo a un programa.
González decidió que Castellano continuara realizando funciones de edición hasta el 24 de julio. El escrito sostiene que posteriormente su puesto fue ofrecido a otra persona.
La denuncia encuadra estos episodios dentro de una dinámica más amplia. En el texto se asegura que otros trabajadores fueron calificados de “chivatos” o “informantes” por trasladar hasta la directora problemas que se producían en diferentes áreas del centro.
Los pantallazos
La procedencia de las conversaciones es uno de los aspectos más sensibles de la denuncia. El propio escrito explica cómo asegura González que llegaron hasta ella y propone diligencias para determinar las circunstancias exactas de su obtención y comprobar el material.
Según su relato, otro trabajador encontró abierta en un ordenador de la empresa la sesión de WhatsApp de Guerra. Esa persona fotografió la conversación y posteriormente remitió las imágenes a González con la finalidad, sostiene la denuncia, de que pudiera poner su contenido en conocimiento de la Justicia.
La exdirectora afirma en la denuncia que no participó en el acceso inicial a esas conversaciones ni impartió instrucción alguna para conseguirlas. Sostiene que se limitó a recibir las fotografías que otro empleado le hizo llegar.
Declaración en el juzgado
La denuncia propone identificar y tomar declaración a ese trabajador para que explique ante el juzgado las circunstancias del hallazgo y pueda aportar, en su caso, los archivos originales conservados en su dispositivo. Por tanto, la autenticidad, integridad, procedencia y eventual valor probatorio de esas imágenes deberán ser determinados dentro del procedimiento si se acuerdan las diligencias solicitadas.
La misma cautela resulta necesaria respecto a la autoría concreta de determinados mensajes. La denuncia atribuye la conversación a Guerra y Curieses, pero reconoce que será necesario examinar las fotografías originales y, llegado el caso, practicar una diligencia pericial o tecnológica para establecer cuál de los dos interlocutores escribió cada expresión.
“Ahora a desmontarla”
La relación de trabajadores no es el único contenido que González aporta. En esa misma conversación aparece una dura descalificación contra la exdirectora: “Vaya hija de puta más loca. O vaya loca más hija de puta… que lo mismo es”. La denuncia atribuye el intercambio a Miguel Ángel Guerra y Miguel Ángel Curieses, aunque no determina cuál de los dos escribió concretamente esa frase y plantea que la autoría individual de los mensajes sea comprobada a partir de los archivos originales y, en su caso, mediante un análisis pericial.
En el mismo intercambio aparecen además diferentes comentarios sobre el futuro profesional de González. Entre las expresiones reproducidas en el escrito figuran “Dejarla aquí sí que es una locura”, “Están buscando algo en Madrid” y “Ahora a desmontarla”. También se afirma que la entonces directora únicamente querría permanecer en Canarias para “joder todo”.
La denuncia relaciona esas expresiones con el desenlace posterior: González acabó siendo apartada de la Dirección y recibió la orden de incorporarse profesionalmente a Madrid. Esa secuencia forma parte de la argumentación de la denunciante, pero no permite por sí misma establecer que los mensajes determinaran las decisiones adoptadas posteriormente por RTVE.
Más señalamientos
Las descalificaciones personales aparecen también en otras conversaciones aportadas con la denuncia. En una de ellas, al comentar una publicación de González en redes sociales sobre la presencia de tres canarios en la final de un campeonato mundial, se habla de que su “nivel de zumbamiento ya es extremo” y se añade que “ni los psicólogos” que participan en un programa serían capaces de “descifrarla”.
En ese mismo intercambio se presta atención, según recoge el escrito, a qué trabajadores reaccionaban a las publicaciones de González. La conversación identifica a una empleada de RNE Canarias que había marcado aquella publicación con un “me gusta”. La exdirectora incorpora el episodio a su denuncia como otro indicio del supuesto señalamiento de personas consideradas próximas a ella.
“A por ella”
La tesis de González, según se recoge en acusación, es que estos intercambios no pueden analizarse de manera aislada. Sitúa el comienzo del conflicto mucho antes de su salida de la Dirección.
Durante 2025 y comienzos de 2026, según recoge la denuncia a partir de lo que le habrían transmitido diferentes trabajadores, Curieses habría tanteado a empleados para conocer su disposición a sustituirla al frente de RTVE Canarias. Algunos de ellos, sostiene el documento, podrán declarar ante el juzgado sobre esas conversaciones.
Según esos testimonios, el responsable sindical habría asegurado que, si aceptaban, en un plazo máximo aproximado de seis meses conseguirían “desbancar” a González de la Dirección.
La exdirectora aporta también una captura de un chat en el que participa Curieses y en el que se hablaba de un plan para potenciar el Centro de Producción de Canarias. En aquella conversación se consideraba “imposible” desarrollarlo con González al frente. Otro participante escribió entonces “A por ella”, acompañado, según la denuncia, de un emoticono enviado por Curieses.
El escrito considera que esos episodios constituyen los primeros indicios de una estrategia para conseguir su salida. Esa es, de nuevo, la interpretación de la denunciante y no una conclusión judicial.
“Puenteada desde Madrid”
González sostiene en el documento que desde finales de febrero de 2026 comenzó a apreciar un cambio progresivo en el comportamiento de parte de su propio equipo. El texto describe cuestionamientos de decisiones, contactos directos con responsables de Madrid sin conocimiento de la directora, creación de canales alternativos de comunicación y decisiones adoptadas al margen de González que posteriormente le eran presentadas como hechos consumados.
Uno de los episodios con mayor soporte documental que expone la denuncia ocurrió el 25 de junio de 2026, después de unos terremotos registrados en Venezuela. Raquel García Falcón telefoneó a González y, posteriormente, le comunicó por WhatsApp que había decidido ampliar la duración de Somos 8 para emitir un monográfico.
La jefa de Programas explicó que ya había tratado la cuestión y obtenido la aprobación de responsables de RTVE en Madrid. También comunicó a la directora el nuevo horario. González sostiene que no recibió aquella llamada para autorizar o valorar la modificación, sino para conocer una decisión que ya estaba cerrada. Respondió “Perfecto”, pero posteriormente trasladó lo ocurrido a la jefa de Antena de RTVE en Madrid.
Orden jerárquico
La respuesta que reproduce la denuncia resulta relevante para su argumentación. La responsable le dio la razón y señaló que nada debía hacerse sin pasar previamente por su conocimiento como directora del centro. Añadió que había pensado que el asunto había sido hablado con González y que esta había delegado la comunicación en otra persona.
La exdirectora utiliza ese correo para defender, en su escrito, que el puenteo no era únicamente una percepción suya, sino que existieron decisiones adoptadas saltándose el cauce jerárquico establecido.
“Conflictividad laboral”
A finales de junio, según relata el escrito, el presidente de la Corporación, José Pablo López, y la directora de Centros Territoriales, Cristina Bravo, comunicaron a González que no consideraban viable su continuidad al frente de RTVE Canarias.
Una de las razones esgrimidas habría sido la existencia de “conflictividad laboral”. Se puso sobre la mesa que seis personas habían cesado o dimitido desde que González había asumido la Dirección.
La exdirectora dedica una parte importante de la denuncia a combatir esa interpretación. Sostiene que tres de aquellas personas pertenecían al equipo directivo anterior y que otras salidas tuvieron explicaciones expresamente recogidas por escrito.
Compromisos incumplidos
Entre ellas menciona la del entonces subdirector de RNE Canarias, César Fernández-Trujillo. Según la documentación incorporada al escrito, justificó su marcha por el incumplimiento de los compromisos adquiridos desde Madrid para reforzar el centro con nuevos medios técnicos, recursos humanos y programación.
González, en su acusación, sostiene por ello que se agruparon situaciones diferentes para construir una imagen de enfrentamiento interno que terminó siendo utilizada contra ella.
Quejas contra Guerra
El enfrentamiento con Guerra ocupa un lugar destacado en la denuncia. González afirma que durante su etapa como jefe de Informativos recibió diferentes quejas de trabajadores sobre su actuación y la de personas de su entorno profesional.
El escrito menciona a una empleada con más de 36 años de servicio que aseguró haber sufrido gritos y comentarios relacionados con su edad y con su capacidad para continuar realizando su trabajo. Según la denuncia, aquella trabajadora solicitó abandonar el departamento por motivos de salud.
También aparecen las quejas de Natalia Fumero. González atribuye a Guerra expresiones despectivas sobre la calidad del trabajo de la coordinadora de Deportes y afirma que intervino para pedirle respeto hacia ella.
Dimisión sin efecto
Ante la acumulación de incidencias, la entonces directora solicitó a Madrid el cese de Guerra como jefe de Informativos y decidió también sustituir a Marina Hernández como editora de Telecanarias 1 y 2.
Antes de que la petición de cese se resolviera, Guerra presentó su dimisión. La denuncia sostiene que posteriormente Cristina Bravo dejó sin efecto o revocó esa dimisión, circunstancia que, según el escrito, habría sido reconocida por el propio Guerra.
Para González, mantenerlo en el puesto pese a su petición expresa supuso una desautorización ante la plantilla.
El relevo
La secuencia se precipitó en julio. RTVE anunció el 20 de julio el nombramiento de Miguel Ángel Guerra como nuevo director del Centro de Producción en Canarias en sustitución de Francisca González. La Corporación destacaba entonces que Guerra ejercía desde marzo de 2025 como jefe de la Unidad de Informativos de TVE en las Islas.
Dos días después, el 22 de julio, según la denuncia, González recibió mediante burofax la comunicación formal de su cese y la indicación de que debía incorporarse profesionalmente a Madrid, al darse por finalizada la adscripción temporal que mantenía en Canarias vinculada a los cargos directivos que había desempeñado.
Traslado a Madrid
La periodista sostiene en la demanda que nunca solicitó ese traslado ni había mostrado intención de abandonar Canarias. La denuncia conecta la decisión con los mensajes anteriores en los que se hablaba de que “están buscando algo en Madrid” y de que dejarla en las Islas sería “una locura”.
El cambio de destino abrió además un procedimiento independiente ante la jurisdicción social. El miércoles 7 de octubre, un día después de la publicación prevista de esta información, se celebra el juicio en el que se dirimirá la decisión de enviar a González a Madrid.
Los informativos
Las discrepancias alcanzaron también el contenido emitido. González sostiene que desde febrero detectó piezas que, según su criterio profesional, no cumplían suficientemente las exigencias de rigor, contraste de fuentes y equilibrio informativo.
La denuncia utiliza como ejemplo una información emitida el 4 de junio sobre la financiación de un centro educativo destinado al alumnado afectado por la erupción volcánica de La Palma.
En la entradilla se afirmaba que Rotary había asegurado haber recaudado 600.000 euros y que “a día de hoy no se sabe nada” de ese dinero. González objetó que la pieza únicamente incluía el testimonio de un representante del AMPA y no recogía la versión de Rotary Internacional ni de la Consejería de Educación, pese a ser entidades directamente aludidas.
Sin respuesta
La directora envió un correo al equipo responsable, incluido Guerra, para señalar que la información debía contrastarse y que, si las partes afectadas habían rechazado hacer declaraciones, debía indicarse expresamente. Solicitó que se subsanara la deficiencia al día siguiente.
Según el escrito, únicamente respondió la redactora. González asegura que ni Guerra ni la editora contestaron a su instrucción y que, de acuerdo con la información de la que dispone, la pieza no fue rectificada.
Lo que pide al juez
La denuncia solicita que todos estos acontecimientos no sean examinados como incidentes independientes, sino como una secuencia. La representación de González considera que los hechos podrían ser compatibles inicialmente con un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal.
El juzgado tendrá que decidir ahora qué diligencias practica y qué valor concede a cada elemento: los testimonios propuestos, los correos internos, las decisiones adoptadas desde Madrid y, especialmente, unas conversaciones de WhatsApp cuya obtención, autenticidad, integridad y autoría deberán ser examinadas si pasan a formar parte de la investigación.
Más allá del enfrentamiento entre dos direcciones, la cuestión que deja abierta la denuncia es otra: si dentro de RTVE Canarias existió un señalamiento de trabajadores por su cercanía a Francisca González y si aquella identificación tuvo después consecuencias profesionales.
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