El espacio Schengen, uno de los principales pilares de la libre circulación en Europa, mantiene actualmente controles fronterizos interiores en diez de sus 29 Estados integrantes. Una situación cuyo coste económico podría alcanzar los 18.000 millones de euros anuales, según advierte un informe elaborado por el Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada.
La organización reclama un respaldo "sin reservas" al modelo y alerta de que el principal riesgo para Schengen no se encuentra actualmente en sus fronteras exteriores, sino en la progresiva normalización de los controles dentro del propio espacio europeo.
Así lo sostiene el informe especial Schengen no se defiende cerrándolo, que pone el foco en unas medidas concebidas inicialmente como excepcionales pero que, mediante sucesivas prórrogas, permanecen activas durante largos periodos.
Diez países con controles
El pasado 2 de junio, la Comisión Europea emitió dictámenes sobre los controles interiores notificados por Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Eslovenia y Suecia e instó a avanzar hacia su retirada gradual.
El Código de Fronteras Schengen establece que la Comisión debe pronunciarse cuando estos controles superan los doce meses por un mismo motivo.
El Instituto Coordenadas sostiene que el problema no reside en que los países puedan activar estos mecanismos, una posibilidad contemplada por la normativa europea, sino en que las medidas excepcionales terminen adquiriendo carácter prácticamente permanente.
Según su análisis, las sucesivas prórrogas basadas en motivos similares están haciendo que los controles formen parte de la movilidad cotidiana dentro de Europa.
Hasta 18.000 millones
El informe también analiza el impacto económico de esta fragmentación a partir de estudios encargados por el Parlamento Europeo.
Las estimaciones sitúan el coste entre 5.000 y 18.000 millones de euros cada año, mientras que una interrupción de Schengen durante dos años podría provocar un impacto de 51.000 millones de euros.
El escenario más extremo sería la desaparición efectiva del espacio de libre circulación. Según los cálculos recogidos en el documento, una Europa sin Schengen podría traducirse en una caída equivalente al 0,14% del PIB de la Unión Europea, con un impacto estimado de unos 230.000 millones de euros anuales.
La frontera exterior
Frente a la proliferación de controles internos, el Instituto defiende que la frontera exterior común sí dispone actualmente de capacidad suficiente.
Entre los argumentos aportados figura el Sistema de Entradas y Salidas, que alcanzó su plena operatividad el 10 de abril de 2026 y registró más de 60 millones de entradas y salidas de ciudadanos de terceros países durante sus primeros seis meses.
El sistema permitió además denegar la entrada a 32.000 personas, según los datos recogidos por el informe.
También destaca la evolución de Frontex, cuyo presupuesto ha pasado de 460 millones de euros en 2020 a una media anual próxima a los 900 millones, mientras que su cuerpo permanente tiene previsto alcanzar los 10.000 efectivos en 2027.
"Falta confianza"
"Ningún espacio de libertad se defiende suprimiéndolo", sostiene el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lámbas.
A su juicio, cada control interior que se prolonga indefinidamente "no refuerza la seguridad europea", sino que termina erosionando el propio espacio que pretende proteger.
El Instituto propone alcanzar un acuerdo institucional que establezca un plazo máximo de 24 meses para recuperar plenamente la libre circulación interior, acompañado de un refuerzo verificable de las fronteras exteriores comunes.
Entre las diez medidas planteadas se encuentra también establecer una evaluación de impacto obligatoria y pública para cualquier control interior que permanezca durante más de doce meses.
Asimismo, propone impedir que un Estado suspenda la libre circulación respecto a otro sin un dictamen previo de la Comisión Europea y plantea alcanzar en España un pacto de Estado sobre las fronteras exteriores.
La crisis de Ceuta
El informe dedica también parte de su análisis a la frontera del Estrecho y la reciente crisis de Ceuta.
El Instituto destaca en este contexto el análisis realizado por Lahcen Haddad, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Marruecos, vicepresidente de la Cámara de Consejeros del Parlamento marroquí y exministro.
Según recoge el documento, Haddad rechaza tanto la interpretación de que la presión registrada en Ceuta responda a una operación híbrida deliberada como la existencia de una conspiración geopolítica con intervención de terceros países.
Su análisis considera que las presiones migratorias tienen un carácter estructural y no episódico, una conclusión que el Instituto Coordenadas considera alineada con su propia tesis sobre la necesidad de reforzar las fronteras exteriores sin debilitar la libre circulación dentro de Schengen.
El organismo reclama así que la respuesta europea pase por fortalecer la frontera común y recuperar progresivamente la normalidad en las fronteras interiores, en lugar de convertir los controles excepcionales entre países europeos en medidas permanentes.
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