La suspensión de la autorización para ejecutar las obras de modernización del Hotel RIU Palace Tres Islas, en las Dunas de Corralejo, ha llevado a Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción a reclamar una revisión integral de la concesión que permite la ocupación del establecimiento.
Los colectivos consideran que el nuevo escenario administrativo debe servir para analizar el conjunto de la situación del hotel, ubicado sobre dominio público marítimo-terrestre y dentro de un espacio natural protegido, y no únicamente determinar qué actuaciones concretas pueden ejecutarse.
La Demarcación de Costas de Canarias comunicó el 21 de septiembre que la ejecución del acto impugnado se entiende suspendida después de que transcurriera un mes desde la solicitud de suspensión sin que el órgano competente dictara y notificara una resolución expresa. La medida se fundamenta en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015.
Una concesión hasta 2037
Turcón y Ben Magec han recordado que el RIU Palace Tres Islas ocupa terrenos afectados por el dominio público marítimo-terrestre en el ámbito de las Dunas de Corralejo, un enclave de elevado valor ambiental de Fuerteventura.
La concesión fue otorgada en 2007 y tiene vigencia hasta 2037. Según la documentación publicada sobre el expediente, las condiciones de la concesión no permiten actuaciones que impliquen un aumento del volumen construido, sino obras de reparación y mejora sujetas a autorización previa.
El espacio donde se encuentra el hotel forma además parte de la Zona de Especial Conservación de Corralejo, integrada en la Red Natura 2000, donde existen hábitats de interés comunitario, incluido uno considerado prioritario.
Por ello, los colectivos ecologistas ya habían presentado alegaciones durante la tramitación ambiental del proyecto de modernización, cuestionando la compatibilidad de las actuaciones previstas con la protección del dominio público y del entorno natural.
Las seis habitaciones
La resolución de Costas que autorizó parte de la reforma permitió actuaciones relacionadas con la accesibilidad, climatización, protección contra incendios, ahorro de agua y gestión de residuos, entre otras intervenciones.
Sin embargo, dejó fuera la construcción de seis nuevas habitaciones en la sexta planta que contemplaba el proyecto presentado por el establecimiento.
Según la documentación difundida sobre la resolución, Costas considera que esas nuevas estancias supondrían una modificación de los usos contemplados en la concesión y que estarían prohibidas por el artículo 32.2 de la Ley de Costas.
Los ecologistas consideran necesario diferenciar entre las actuaciones de mantenimiento o mejora que puedan ser compatibles con las condiciones de la concesión y aquellas que supongan una transformación o ampliación de los usos autorizados.
Un historial de casi 3.000 metros
La reclamación de Turcón y Ben Magec se produce además sobre un expediente con antecedentes relacionados con el volumen construido del establecimiento.
Según la información recogida en la documentación del procedimiento, en 2007 se autorizaron determinadas obras de mantenimiento sin incremento del volumen construido. Posteriormente, la Administración detectó un exceso de casi 3.000 metros cuadrados, lo que derivó en un expediente sancionador y en la exigencia de restituir las obras.
La situación desembocó en un expediente de caducidad de la concesión, que llegó a culminarse en 2023, aunque posteriormente caducó sin ejecutarse.
Los antecedentes también recogen que, tras un dictamen del Consejo de Estado, se optó por exigir la restitución de las obras al proyecto original en lugar de declarar la extinción de la concesión.
Según la información publicada sobre el expediente, las obras de restitución comenzaron en 2025 y en febrero de 2026 Costas constató el cumplimiento de las actuaciones requeridas.
Los ecologistas piden revisar todo
Con este contexto, Turcón y Ben Magec sostienen que la suspensión comunicada ahora por Costas debe servir para garantizar que el procedimiento se tramite con todas las garantías y que la protección del dominio público marítimo-terrestre y del espacio natural sea un criterio esencial.
Los colectivos defienden que el debate no debe limitarse a establecer qué obras de reforma pueden ejecutarse técnicamente en el hotel, sino que debe analizarse el conjunto de actuaciones a la luz del régimen jurídico de la concesión y de las figuras de protección ambiental que afectan al enclave.
En sus alegaciones al procedimiento ambiental, las organizaciones ya habían reclamado a las administraciones que actuaran conforme a la legalidad vigente y en defensa del interés general, incluida la culminación de los procedimientos relacionados con las concesiones de los establecimientos hoteleros situados en este ámbito de las Dunas de Corralejo.
La petición de revisión integral constituye, por ahora, una reivindicación de los colectivos ecologistas y no una decisión adoptada por Costas. La suspensión de la autorización tampoco supone la anulación definitiva del proyecto de modernización ni la desaparición de la concesión.
El futuro de las actuaciones queda así pendiente de la evolución del recurso presentado contra la autorización y de las decisiones que adopte la Administración sobre el régimen de la concesión del establecimiento.
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