El concurso de acreedores presentado por la tinerfeña Canary Island Resort Management and Services SL ha sido cosa vista y no vista. El 25 de octubre, el Juzgado Mercantil de Santa Cruz declaró la situación de insolvencia. En el mismo acto dictó la conclusión del expediente.
La enérgica resolución se debe a que Canary Island carece de activos con los que sufragar el procedimiento concursal. De hecho, la caja de Canary está vacía. No hay dinero siquiera para abonar los honorarios del administrador concursal. En consecuencia, el juzgado ha resuelto declarar a Canary Island en quiebra y archiva el procedimiento.
Esta compañía se fundó en 2006. Su objeto social reposa en “el desarrollo y realización de actividades de tipo turístico, tales como la construcción y gestión de hoteles, apartamentos, residencias, restaurantes, amén de cualquier otro menester conexo o relacionado con los alojamientos”.
Su domicilio social radica en el edificio Royal, sito en avenida Juan Carlos I, de Los Cristianos. El administrador y propietario de la compañía es Vladimir Sucevan Foca, que posee la nacionalidad española desde 2017. Este personaje se vio envuelto en 2013 en el caso 'Offshore Leaks', que publicó el diario madrileño El Confidencial, relativo a una presunta evasión financiera en paraísos fiscales del Caribe. En la lista aparecían 72 ciudadanos residentes en España, entre ellos Vladimir Sucevan.
Canary Island declaró el año pasado unas pérdidas de 33.000 euros y apenas registró ingresos. Dicho saldo negativo se añade a otros 400.000 euros del mismo signo contabilizados en los ejercicios anteriores.
Dado que Canary Island cuenta con el capital mínimo de 3.000 euros, los reiterados números rojos han hecho que los fondos propios arrojen un déficit de 375.000 euros. Tal agujero es el que ha llevado a Canary al colapso y a la quiebra, pues no queda ni un céntimo en las arcas sociales.
Según el balance 2020 depositado en el Registro Mercantil, los activos de Canary se habían reducido a solo 17.150 euros, la mitad de los cuales corresponden al inmovilizado inmaterial.
Prosiscan SA
El Juzgado Mercantil número 1 de Tenerife acaba de resolver otro descalabro del mismo género que el anterior. Decreta el concurso voluntario de Prosiscan SA y, de forma simultánea, la conclusión del procedimiento debido a la inexistencia de activos.
Prosiscan está provista de un capital de 615.000 euros. Dichos recursos se han consumido en una persistente riada de pérdidas que se arrastran desde 2008.
La entidad tiene su domicilio en la calle San Francisco de Paula, de Santa Cruz. Se constituyó en 2003 para dedicarse al negocio inmobiliario. En los últimos años apenas realizó actividades. El administrador único es Juan Gregorio Díaz López.
El 94% del capital de Prosiscan pertenece a Sismacon SA, dirigida por Juan Gregorio Díaz y censada en el mismo domicilio de Santa Cruz.
Lisoforma y Damabe Service ETT
Al margen de dichos incidentes, los tribunales mercantiles de Tenerife han ordenado la venta de varios activos de Lisoforma SL y Damabe Service ETT SL. Ambas sociedades entraron en fallido en 2017.
El Mercantil 1 autoriza la subasta de seis fincas ubicadas en Granadilla de Abona, por el precio mínimo de 150.000 euros. El edicto publicado reseña que “el adquirente asumirá la totalidad de los posibles gastos registrales y notariales derivados de la compra”.
Lisoforma, con sede en San Miguel de Abona-Las Chafiras, se dedicaba a prestar servicios de limpieza. Damabe es una empresa de trabajo temporal, censada en Granadilla de Abona. Una y otra son propiedad de Reina Yadili Rivero Cardillo.