El proyecto para modernizar el Hotel RIU Palace Tres Islas, situado en pleno sistema dunar de Corralejo, afronta un nuevo giro administrativo. La Demarcación de Costas de Canarias ha comunicado a Turcón-Ecologistas en Acción y Ben Magec que la ejecución de la autorización recurrida para acometer distintas obras en el establecimiento se entiende suspendida, según el escrito oficial recibido por ambos colectivos y remitido este martes a los medios.
La comunicación está firmada el 21 de septiembre de 2026 y responde a una solicitud presentada por las organizaciones ecologistas dentro del recurso contra la autorización otorgada para la reforma.
El motivo de la suspensión no es una nueva sentencia ni una resolución que anule definitivamente las obras. Se produce porque ha transcurrido un mes sin que el órgano competente haya resuelto expresamente la petición de suspensión planteada por los recurrentes.
La Ley 39/2015 establece precisamente que la ejecución de un acto impugnado se entiende suspendida cuando pasa un mes desde la entrada de esa petición sin que la Administración haya dictado y notificado una resolución expresa.
Por tanto, lo conocido ahora no implica el cierre del RIU Palace Tres Islas ni una anulación definitiva de su proyecto de modernización. Lo que queda suspendido es la ejecución del acto administrativo recurrido mientras continúa la tramitación correspondiente.
Una reforma amplia
RIU lleva meses intentando sacar adelante una profunda modernización del establecimiento.
El proyecto pasó durante 2026 por evaluación ambiental y el Órgano de Evaluación Ambiental de Fuerteventura formuló el pasado 2 de agosto el informe de impacto ambiental correspondiente a la modernización y reforma del RIU Palace Tres Islas. El acuerdo fue publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia.
La intervención planteaba actuar en numerosos elementos de un edificio levantado a principios de los años setenta.
Entre las actuaciones figuraban mejoras de accesibilidad, climatización, protección contra incendios, eficiencia en el consumo de agua, gestión de residuos, instalaciones eléctricas, ascensores, piscinas y diferentes espacios interiores del establecimiento.
El proyecto presentado originalmente contemplaba también la creación de seis habitaciones en la sexta planta. Esa propuesta ya había generado controversia durante su tramitación ambiental.
Costas terminó autorizando una parte de la reforma, pero dejó fuera esas seis nuevas habitaciones, al considerar que no podían ampararse en las condiciones aplicables a la concesión.
Son precisamente las actuaciones permitidas por aquella autorización las que quedan ahora afectadas por la suspensión comunicada a Turcón y Ben Magec.
Dentro de las dunas
La situación del hotel tiene una particularidad esencial para entender el conflicto.
El RIU Palace Tres Islas se levanta en terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre de las Grandes Playas de Corralejo, en el municipio de La Oliva.
La concesión administrativa fue otorgada en abril de 2007 a Sonco Canarias para ocupar los terrenos e instalaciones del establecimiento. El propio Boletín Oficial del Estado recoge que aquella autorización permitía también realizar determinadas obras de rehabilitación y mantenimiento.
La concesión se formalizó por un plazo de 30 años, hasta 2037, según consta en documentación parlamentaria del Gobierno relativa específicamente al Hotel Tres Islas.
A todo ello se suma la protección ambiental del entorno. El hotel se encuentra en el ámbito de las Dunas de Corralejo, uno de los espacios naturales más reconocibles de Fuerteventura y una zona integrada en la Red Natura 2000.
Ese encaje entre explotación turística, dominio público y espacio natural protegido está detrás de buena parte de los procedimientos administrativos que han acompañado al establecimiento durante las últimas décadas.
Antecedentes de obras
El historial administrativo del Tres Islas se remonta mucho antes del actual proyecto.
En 2008, Costas sancionó a la empresa por haber aumentado el volumen de instalaciones construidas en dominio público marítimo-terrestre sin disponer de la correspondiente autorización y ordenó restituir las obras a su estado anterior.
La resolución fue recurrida, pero posteriormente confirmada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Así consta en un dictamen del Consejo de Estado referido específicamente al expediente de caducidad de la concesión del Tres Islas.
Años después, la Administración constató que las obras que habían motivado aquel procedimiento no habían sido retiradas e inició un expediente para declarar la caducidad de la concesión.
En aquel procedimiento comparecieron no solo RIU y los colectivos ecologistas, sino también el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, sindicatos, trabajadores y una plataforma de apoyo al establecimiento.
Finalmente, aquel expediente no desembocó en la desaparición del hotel y la situación administrativa evolucionó hacia la restitución de las actuaciones que habían sido cuestionadas.
Ese historial explica por qué la nueva reforma ha vuelto a estar sometida a un intenso escrutinio.
Qué piden ahora
La suspensión comunicada por Costas es un hecho administrativo. Otra cuestión diferente es lo que Turcón y Ben Magec quieren que ocurra a partir de ahora.
Ambos colectivos sostienen que este nuevo episodio debería servir para realizar una revisión integral de la situación de la concesión del establecimiento.
A su juicio, no basta con analizar individualmente si una piscina, un ascensor o una instalación concreta puede reformarse. Reclaman estudiar en conjunto la compatibilidad de las actuaciones con el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre y con la protección ambiental de las Dunas de Corralejo.
Se trata, por ahora, de una reivindicación de los ecologistas, no de una decisión adoptada por Costas.
Las organizaciones consideran que la protección del espacio natural debe funcionar como criterio central ante cualquier intervención que se pretenda ejecutar en el complejo hotelero.
Qué pasa ahora
La principal incógnita está ahora en qué ocurre con el recurso presentado contra la autorización.
El artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que, cuando la Administración no responde dentro del plazo de un mes a una solicitud de suspensión, la ejecución del acto recurrido se entiende suspendida.
Eso es exactamente lo que Costas ha comunicado a Turcón y Ben Magec, según la documentación facilitada por las organizaciones.
Pero la suspensión no resuelve el fondo del asunto.
Todavía deberá determinarse qué ocurre con el recurso contra la autorización de las obras y si el proyecto puede finalmente ejecutarse en los términos autorizados, debe modificarse o se ve condicionado por nuevas decisiones administrativas.
El establecimiento, mientras tanto, continúa operativo. La propia cadena mantiene actualmente el RIU Palace Tres Islas dentro de su oferta hotelera en Fuerteventura, con reservas disponibles y servicios activos.
El nuevo episodio vuelve así a colocar al hotel en un debate que se prolonga desde hace años en Corralejo: hasta dónde puede reformarse y modernizarse un gran establecimiento turístico levantado junto al mar cuando el suelo que ocupa está sometido al régimen de Costas y forma parte de uno de los paisajes naturales más sensibles de Fuerteventura.
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