La pista arranca en Guía de Isora, en el sur de Tenerife, pasa por las cuentas de una sociedad portuguesa y alcanza Hong Kong. No es una ruta comercial acreditada, sino un recorrido de transferencias bancarias que las autoridades judiciales examinan dentro de la investigación sobre el presunto fraude fiscal en el negocio de los hidrocarburos relacionado con Víctor de Aldama. En esa documentación aparece Canary Islands Fuel Company SL, una empresa domiciliada en Tenerife que ordenó siete pagos por un importe aproximado de un millón de euros a una sociedad de Portugal.
La información figura en la documentación judicial de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporada a las actuaciones que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. El expediente, que incluye una providencia fechada el 19 de octubre de 2026, recoge informes y documentación de las autoridades portuguesas sobre los movimientos bancarios entre sociedades españolas y portuguesas, así como transferencias posteriores hacia terceros países. Entre ellas aparecen las operaciones relacionadas con la empresa tinerfeña.
En el caso de Canary Islands Fuel Company, los investigadores sitúan el comienzo de las transferencias en enero de 2023. Su destinataria fue Diálogo Erudito Unipessoal, una sociedad portuguesa constituida en diciembre de 2020 y cuyo socio único, según el informe, era el ciudadano español Juan Catalán Béjar. Su objeto social abarcaba actividades tan distintas como la compraventa de inmuebles y vehículos, la gestión de estaciones de servicio y la venta de alimentos y bebidas.
El salto a Asia
El informe considera que el pago a Hong Kong se integró en un circuito financiero, presuntamente liderado por Aldama, que continuó hacia Aristogiraffe Unipessoal, en Portugal, y desde allí de vuelta a España. Entre los movimientos posteriores identificados desde Aristogiraffe figuran cinco transferencias por un total de 450.000 euros a Agropecuária El Convento SA y otras dos, por unos 600.000 euros, a Jumarcon Proyectos SL, además de operaciones con otras cuentas. Los investigadores interpretan estos movimientos como indicios de una posible operativa de blanqueo de capitales.
La documentación no permite afirmar que los 500.000 euros enviados a Hong Kong fueran exactamente los mismos fondos procedentes de la empresa tinerfeña. Sí establece que Canary Islands Fuel Company transfirió cerca de un millón de euros a Diálogo Erudito y que esta sociedad realizó después las operaciones descritas. Esa distinción es fundamental para delimitar lo que se ha podido rastrear.
Cobros vinculados
Las autoridades portuguesas también analizaron las declaraciones fiscales de Diálogo Erudito. Encontraron facturas emitidas a España compatibles con los cobros vinculados a Canary Islands Fuel Company, pero no localizaron compras que justificaran las ventas declaradas. El informe señala asimismo que Diálogo Erudito efectuó transferencias a cuentas personales de su socio, Juan Catalán Béjar.
Los investigadores añaden que las sociedades portuguesas examinadas que recibieron fondos de empresas españolas no presentaban operaciones registradas en VIES, el sistema europeo de información sobre determinadas transacciones intracomunitarias sujetas al IVA. A partir de los datos bancarios y fiscales, cuestionan que varias de estas compañías desarrollaran una actividad comercial real. Son sospechas recogidas en una investigación judicial, no responsabilidades penales establecidas por sentencia.
Una pieza de Tenerife
Canary Islands Fuel Company tenía su domicilio social en Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora. La sociedad figura en la investigación española sobre el negocio de los hidrocarburos y sus relaciones con Villafuel, la operadora vinculada a Claudio Rivas. La UCO ha situado a la empresa tinerfeña entre las sociedades interpuestas que examina por su posible papel en la comercialización de carburantes y en el tratamiento fiscal de las operaciones.
La administradora de Canary Islands Fuel Company, Oriana Elisett Aciego Flores, aparece como investigada en el procedimiento. Según la tesis de la UCO divulgada durante la instrucción, habría actuado como administradora formal bajo las directrices de otras personas relacionadas con la organización. La atribución de ese papel es una hipótesis policial que debe distinguirse de los hechos probados. Aciego, por su parte, sostuvo en sede judicial que la sociedad había solicitado asesoramiento sobre la aplicación del IVA o del IGIC a sus operaciones por su vinculación con Canarias.
La trayectoria mercantil de la empresa discurrió en paralelo a los hechos investigados. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife declaró su concurso voluntario en noviembre de 2023. Posteriormente se abrió la liquidación y el Registro Mercantil publicó el cese de Aciego como administradora única y el nombramiento de un liquidador concursal. El procedimiento concursal y la investigación penal son actuaciones diferentes y no cabe deducir del primero una responsabilidad delictiva.
27,9 millones en Portugal
La pista de Tenerife forma parte de un flujo financiero mucho más amplio. En sus conclusiones, las autoridades portuguesas identifican unos 27,9 millones de euros recibidos entre 2022 y 2024 por sociedades del país desde cuatro empresas españolas: Canary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000. Esa cifra corresponde al conjunto de las cuatro compañías y no exclusivamente a la sociedad canaria.
De esos 27,9 millones, el informe calcula que al menos nueve millones regresaron a cuentas de España, unos tres millones fueron al Reino Unido —incluidas plataformas relacionadas con criptomonedas— y otros tres millones se dirigieron a cuentas en distintos países europeos y Uruguay. En Portugal permanecieron como máximo unos 13 millones, de los que aproximadamente 11,8 millones fueron incautados, según las conclusiones de los investigadores.
En otra línea de las pesquisas, la UCO ha identificado un volumen superior de transferencias a Portugal procedentes de sociedades vinculadas a la trama y ha atribuido alrededor de 2,6 millones a Canary Islands Fuel Company. Esa cantidad responde a un análisis más amplio y no debe confundirse con el millón de euros correspondiente a las siete transferencias concretas a Diálogo Erudito.
Negocios reales
El caso de los hidrocarburos investiga un presunto sistema de operaciones entre sociedades que habría permitido eludir obligaciones tributarias y desplazar posteriormente fondos a través de empresas y cuentas de distintos países. Las cifras globales de perjuicio fiscal difundidas durante la instrucción corresponden al conjunto de las operaciones examinadas y no pueden imputarse de manera individual a la compañía de Tenerife.
La documentación judicial incorporada en octubre de 2026 permite reconstruir, con nombres, fechas e importes, una parte de ese recorrido: una sociedad con domicilio en Guía de Isora ordenó siete transferencias a Portugal; la destinataria envió dinero a otra empresa portuguesa y medio millón de euros a Hong Kong; y las autoridades portuguesas siguieron otros movimientos que terminaron de nuevo en cuentas españolas. La Justicia deberá determinar qué operaciones respondieron a negocios reales, cuál fue el origen y destino efectivo de los fondos y qué responsabilidad corresponde, en su caso, a cada una de las personas y sociedades investigadas.
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