La crisis de la cadena de clínicas dentales Vivanta tiene una conexión empresarial directa con Canarias. Vivanta Canarias, S.L.U. figura entre las sociedades incluidas en el despido colectivo planteado por el grupo y en la oferta para adquirir parte de su negocio, una operación que ahora ha quedado en el aire.
El plazo de propuesta de comprá terminó el 21 de octubre, en pleno desacuerdo sobre quién debe asumir la devolución del rescate público concedido a Vivanta en 2022.
La información sindical acredita la inclusión de la sociedad canaria en el proceso, aunque no desglosa cuántos centros o trabajadores de las islas están afectados. Tampoco permite trasladar a Canarias las cifras nacionales de pacientes o empleos vinculados a la operación.
La sociedad canaria
La vinculación con Tenerife se puede seguir en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En noviembre de 2018 se publicó el cambio de denominación de Centros Dentales Especializados Clínica Anaga, S.L. a Vivanta Canarias, S.L., manteniendo la misma hoja registral.
Otro anuncio, publicado el 27 de mayo de 2025, recogió el traslado del domicilio social de Vivanta Canarias a la avenida Tres de Mayo, número 28, en Santa Cruz de Tenerife. El Registro también publicó en noviembre de 2024 que Vivantadental, S.L.U. pasaba a ser su socio único.
La dimensión histórica de la red en las islas aparece en una comunicación del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. En junio de 2022, la entidad situaba la presencia de Vivanta en la provincia en nueve clínicas y aproximadamente 50 dentistas. Son datos de aquel momento, que no equivalen al número actual de establecimientos abiertos o profesionales afectados.
La conexión con el ajuste laboral sí aparece expresamente en la información difundida por UGT el pasado 15 de septiembre. El sindicato explicó que quince sociedades del grupo habían solicitado individualmente el concurso voluntario de acreedores el 4 de agosto y que se planteaba un despido colectivo para seis de ellas, incluida Vivanta Canarias. El expediente podría alcanzar hasta 670 trabajadores en el conjunto de esas sociedades.
Una expansión rápida
Vivanta nació a finales de 2017 mediante la integración de varias empresas adquiridas por Portobello Capital. El plan de igualdad del grupo identifica entre ellas a Unidental, Laser 2000, Grupo Clínico Dental Doctor Senís, Plénido, Avantdent y Clínicas Anaga Dental.
El proyecto agrupó negocios de odontología y medicina estética bajo una estructura empresarial que creció con rapidez. Según los datos que publicó la SEPI al autorizar su apoyo financiero, las ventas pasaron de 32 millones de euros en 2017 a 148 millones en 2019.
En aquella presentación de 2022, la entidad pública describía una compañía con más de 200 clínicas en 17 comunidades autónomas. También destacaba que en 2019 había generado cerca de 2.000 empleos directos y unos 1.300 indirectos.
La pandemia interrumpió esa expansión. La SEPI señaló la caída de la demanda durante la crisis sanitaria como uno de los elementos que explicaban la necesidad de financiación extraordinaria.
El grupo está controlado por Ares Management y entre sus inversores también figuran Portobello y BNP Paribas, según la información publicada por Economía Digital sobre el proceso de venta.
El rescate público
El Consejo de Ministros autorizó el 27 de junio de 2022 una financiación pública de 40 millones de euros para Vivanta, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
La operación se articuló mediante dos instrumentos: un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones. Se trataba de financiación reembolsable, con obligaciones de devolución para el grupo.
El calendario se modificó posteriormente. Según recoge el portal de transparencia de Aestes, en mayo de 2024 se acordó agrupar principal e intereses en un pago final el 6 de julio de 2028. La misma página señala que una nueva modificación formalizada en 2026 extendió el vencimiento hasta el 6 de julio de 2032.
El respaldo público ya generó críticas en Canarias cuando se concedió. El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife lo consideró en 2022 un agravio comparativo para las pequeñas clínicas y los profesionales autónomos, que también habían sufrido las consecuencias económicas de la pandemia.
Años de ajustes
Las dificultades del grupo dieron lugar a sucesivas reestructuraciones antes del actual proceso concursal. Sus cuentas consolidadas de 2023 explican que la estrategia incluía cerrar clínicas de menor rentabilidad y reorganizar las que continuaban abiertas.
La documentación recoge un despido colectivo acordado en julio de 2023 que afectó a 81 empleados de determinadas clínicas con actividad de depilación láser. También detalla otro acuerdo de enero de 2024 que alcanzó a 249 trabajadores del conjunto del grupo.
Al cierre de 2023, el fondo de maniobra consolidado era negativo en 90,36 millones de euros: las obligaciones a corto plazo superaban los activos corrientes. La compañía explicaba que una parte del pasivo correspondía a tratamientos pendientes de realizar a pacientes y confiaba en que la reorganización operativa y la recuperación de la actividad fortalecieran su liquidez.
Qué ofrecía Donte
La propuesta de adquisición se valoraba en 57,2 millones de euros y contemplaba comprar 61 clínicas, subrogar a 656 empleados y continuar tratamientos de unos 30.000 pacientes. Todas estas cifras corresponden al ámbito nacional.
Según detalló Economía Digital en septiembre, el comprador había seleccionado una parte de la red y excluía el negocio de estética y depilación, los servicios centrales y las clínicas que quedaban fuera de la adquisición.
La valoración reunía partidas de distinta naturaleza: 16,5 millones de financiación puente, 36,9 millones correspondientes a tratamientos ya cobrados y pendientes de realizar, 3,3 millones de aportación en efectivo y alrededor de medio millón en arrendamientos financieros.
Los 57,2 millones, por tanto, no equivalían a un desembolso íntegro al contado por la compañía. La financiación durante el concurso y la asunción de los tratamientos pendientes constituían componentes centrales de la propuesta.
La deuda pendiente
El principal desacuerdo se sitúa en el tratamiento del dinero público. Según informó Cinco Días el 8 de octubre, la SEPI reclama que el comprador asuma la deuda pendiente del rescate, mientras que el administrador concursal defiende que ese crédito no debe transmitirse con las unidades productivas.
La empresa pública sostiene que liberar al comprador de esa obligación podría generar una ventaja competitiva y plantea su encaje en las normas europeas sobre ayudas de Estado.
La Ley Concursal establece, con carácter general, que adquirir una unidad productiva no obliga a pagar todos los créditos anteriores del concursado. Contempla, sin embargo, excepciones, como la asunción expresa de esas obligaciones, lo que disponga otra norma o determinados créditos laborales y de Seguridad Social.
Ese marco general no resuelve por sí solo la controversia concreta sobre el rescate de Vivanta, que enfrenta las posiciones de la SEPI y de la administración concursal.
Quién es Donte
El grupo que presentó la oferta es uno de los grandes operadores del negocio dental español. Donte integra marcas como Vitaldent, MAEX y Moonz, y tiene como accionista mayoritario desde 2025 a Ontario Teachers’ Pension Plan, el fondo que gestiona las pensiones de los profesores de Ontario, en Canadá.
Según los resultados comunicados por la propia compañía en mayo, Donte cerró 2025 con más de 427 millones de euros de ingresos, cerca de un 11% más que el ejercicio anterior, y una red de 440 clínicas propias.
Durante ese año incorporó 23 centros. Su plan estratégico fija como objetivo alcanzar 600 clínicas propias y más de 700 millones de facturación en 2030. La posible adquisición de parte de Vivanta se producía, por tanto, en un contexto de expansión de su red.
Los tratamientos pendientes
La crisis empresarial tiene también una dimensión asistencial. El Consejo General de Dentistas alertó el 10 de septiembre del cierre o la suspensión de actividad de numerosos centros de Vivanta y reclamó información individualizada para los pacientes: quién continuará cada tratamiento, en qué clínica, en qué condiciones y qué ocurrirá con las cantidades abonadas.
El problema afecta especialmente a los tratamientos prolongados que se pagan por adelantado o se financian mediante créditos vinculados. La oferta de compra incluía compromisos sobre la continuidad de la asistencia, cuya ejecución dependía de que la operación llegara a materializarse.
Ante los cierres, las autoridades de Consumo de Baleares recomendaron conservar presupuestos, contratos, facturas y justificantes de pago, además de solicitar la documentación personal en poder de las clínicas.
Para los tratamientos financiados mediante un crédito vinculado al servicio, señalaron la posibilidad de reclamar a la entidad financiera la paralización de recibos y la devolución de las cantidades correspondientes a prestaciones no realizadas, aportando la documentación contractual.
El Consejo General de Dentistas reclama además mecanismos de garantía financiera —como avales, seguros o fondos específicos— que protejan los anticipos de los pacientes y permitan asegurar la continuidad de los tratamientos cuando una clínica cesa su actividad o resulta insolvente.
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