El futuro Palacio de Justicia de Puerto del Rosario da uno de sus pasos económicos más importantes. El Gobierno de Canarias ha autorizado un gasto plurianual de 70.011.128 euros para contratar y ejecutar las obras del nuevo edificio judicial de Fuerteventura.
La contratación se tramitará anticipadamente y las obras tendrán un plazo previsto de cuatro años desde su inicio, una vez quede adjudicado el contrato.
La decisión supone un nuevo avance para una infraestructura largamente demandada y que busca acabar con uno de los principales problemas de la Administración de Justicia en la capital majorera: la dispersión de sus órganos judiciales en diferentes sedes.
Proyecto desbloqueado
La construcción del Palacio de Justicia arrastra una larga historia.
El proyecto original surgió de un concurso de ideas convocado en 2018, pero los problemas relacionados con la parcela inicialmente elegida terminaron bloqueando la actuación.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló en 2022 la operación urbanística prevista inicialmente, obligando a buscar una nueva ubicación.
Posteriormente, el Cabildo de Fuerteventura cedió terrenos en la calle Juan de Bethencourt, lo que permitió recuperar el proyecto y adaptarlo a la nueva parcela.
Seis plantas
En septiembre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó la maqueta del futuro edificio.
El proyecto contemplaba entonces una superficie útil aproximada de 21.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, diseñada para agrupar las distintas unidades judiciales existentes en Puerto del Rosario.
En aquel momento se manejaba un precio de licitación de alrededor de 55 millones de euros. La autorización aprobada ahora eleva el gasto plurianual asociado a la contratación y ejecución hasta los 70,01 millones.
Cuatro años
La autorización económica permite avanzar hacia la contratación de las obras.
Una vez adjudicado el contrato y comenzados los trabajos, el plazo de ejecución previsto será de cuatro años.
El objetivo del nuevo edificio será concentrar los servicios judiciales que actualmente funcionan de manera dispersa por Puerto del Rosario, mejorando tanto las condiciones de trabajo de los profesionales como la atención a los usuarios.
El proyecto forma parte de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Administración de Justicia en Canarias 2017-2031.
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