El establecimiento WAIKIKI, situado en primera línea de playa en Corralejo, ha presentado una denuncia penal contra el alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, Isaí Blanco, y su corporación municipal. La denuncia, que aún está pendiente de ser proveída y, en su caso, admitida a trámite, se interpone por presuntos delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias.
Según el documento presentado, el Ayuntamiento habría, presuntamente, aprobado y ejecutado de forma irregular un sendero peatonal costero que ocupa directamente parte de la propiedad del local WAIKIKI, así como la superficie de playa concedida en régimen administrativo al empresario denunciante, concesión que fue reconocida por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2021.
La denuncia detalla que la ejecución del sendero se llevó a cabo sin tramitar el preceptivo procedimiento urbanístico-expropiatorio, ni ofrecer al propietario la posibilidad de ejercer su derecho de audiencia o alegaciones, y sin notificación previa alguna como parte directamente afectada. Además, se señala la ausencia de publicación del expediente en el portal de transparencia, lo que, según el denunciante, evidencia un intento de ocultar la actuación administrativa.
Derribo del establecimiento
El empresario también acusa al alcalde de haber ordenado el derribo de parte del establecimiento de forma compulsoria, calificando la medida como una confiscación encubierta, presuntamente motivada por un acto de venganza personal. Cabe recordar que en 2023 la Audiencia Provincial de Las Palmas incoó diligencias previas contra el propio alcalde por una denuncia presentada por el titular de WAIKIKI, en relación con otro local del mismo grupo empresarial, La MARINA, cuya licencia de obra habría sido objeto de intento de anulación por parte del regidor municipal.
Asimismo, la denuncia sostiene que el proyecto del sendero peatonal ha servido para favorecer intencionadamente a otros establecimientos de la zona, concretamente GALERA BEACH y SAND BEACH, a quienes presuntamente se ha reservado espacios privilegiados sobre la playa para la instalación de terrazas. Según el denunciante, ninguno de estos locales contaría con licencia municipal de actividad ni autorización de Costas para ocupar el dominio público marítimo-terrestre, habiéndose incluso dictado condenas por desobediencia grave en relación con precintos previamente impuestos.
Sentencia favorable
En el caso de uno de estos negocios, la actividad se desarrollaría desde un apartamento reconvertido ilegalmente en local, ocupando zonas comunes de la comunidad de propietarios AYOKA, que ya cuenta con una sentencia favorable y mantiene abierto un segundo proceso judicial por apropiación indebida de dichas zonas comunes.
La denuncia enfatiza que el alcalde y su equipo de gobierno actuarían con pleno conocimiento de la ilegalidad de estas situaciones, y con el ánimo de premiar a dichos establecimientos, a pesar de sus irregularidades, en perjuicio del resto de empresarios de la zona.
Este nuevo procedimiento judicial se suma a la denuncia ya presentada recientemente ante la Fiscalía Anticorrupción por el propietario del local PATAI, también por trato de favor y presuntas irregularidades urbanísticas. En este caso, sin embargo, se agrava con la ocupación ilegítima de una propiedad privada y de una concesión administrativa vigente, lo que podría suponer una vulneración aún más grave de los derechos del empresario afectado.