El Cabildo de Fuerteventura ha desestimado diez recursos de reposición presentados por empresas de quads, buggies y otros vehículos comerciales que aspiran a operar en las rutas del medio natural de la isla. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de regulación de esta actividad, entre ellos la obligación de contar con vehículos eléctricos en sus flotas.
La resolución ha sido acordada por el Consejo de Gobierno insular después de analizar los informes de los servicios de Ordenación del Territorio, así como los dictámenes complementarios de áreas como Industria y Medio Ambiente. En total, se presentaron once recursos y diez han sido rechazados.
Cupos y sorteo público
Los recursos se enmarcan en la convocatoria pública impulsada por el Cabildo para ordenar la circulación de vehículos comerciales por la Red Oficial de Rutas en el Medio Natural de Fuerteventura.
El procedimiento establece un sistema de plazas limitadas, con horarios concretos y recorridos previamente definidos. La asignación se realiza mediante un sorteo público, con cupos para cada ruta propuesta por los ayuntamientos en función de su número y localización.
Una vez celebrado el sorteo, la institución insular comprobó que la mayoría de las empresas no cumplía con el requisito de disponer de vehículos eléctricos en su flota, una de las condiciones consideradas esenciales para desarrollar esta actividad en espacios naturales.
Protección del territorio
La presidenta del Cabildo, Lola García, ha defendido la necesidad de regular los usos de los espacios naturales para garantizar la conservación de los entornos más sensibles de Fuerteventura.
"Es fundamental que se respeten todos los requisitos a la hora de combinar este tipo de actividades con el cuidado del medio", ha señalado.
Por su parte, la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, ha insistido en que la circulación de quads, buggies y vehículos similares debe ajustarse a las condiciones establecidas para evitar daños ambientales y molestias a la ciudadanía.
La responsable insular ha subrayado que esta actividad debe desarrollarse sin perjudicar al medio ambiente, al entorno natural ni a los ciudadanos.
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