La familia de Pascuala Roger Pérez ha solicitado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que abra una investigación formal sobre el operativo desplegado el pasado 21 de septiembre en Cueva de la Negra, en Fuerteventura. Una actuación que acabó paralizada por un defecto en la notificación.
En un escrito dirigido al Ministerio, la familia pide esclarecer quién fijó la fecha, quién ordenó y autorizó la actuación y quién comprobó previamente que se cumplían las condiciones establecidas en el auto judicial que autorizaba la entrada en la vivienda. También reclama conocer qué instrucciones recibieron los distintos organismos y servicios movilizados.
Cadena de mando
El auto del 28 de julio autorizaba la entrada, demolición y reposición del terreno, pero establecía determinadas condiciones para ejecutar la actuación. Entre ellas figuraban que debía realizarse en horario diurno, con un preaviso de al menos cinco días, y que debía darse cuenta al juzgado tanto de la entrada como de las incidencias que pudieran producirse.
La familia pide que se determine cómo se computó y acreditó ese plazo de cinco días y quién consideró que las condiciones establecidas por el juzgado se habían cumplido íntegramente.
El 21 de septiembre se produjo un despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios públicos, personal de la Demarcación de Costas y trabajadores de TRAGSA. Según el escrito, en el lugar también estuvo el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Alberto Martín Coronel, como máximo responsable de ese órgano presente durante la actuación.
Organismos implicados
La familia solicita asimismo que se investigue la intervención de la Dirección General de la Costa y el Mar, dirigida por Ana María Oñoro Valenciano; la Delegación del Gobierno en Canarias, encabezada por Anselmo Pestana; y la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, dirigida por María Jesús de la Cruz Montserrat.
Otro de los puntos que reclama aclarar es qué actuación concreta se pretendía ejecutar bajo el término “inhabilitación” de la vivienda. La familia señala que la parte dispositiva del auto judicial autoriza expresamente la entrada, demolición y reposición del terreno, pero que no recoge específicamente una actuación independiente denominada de esa manera.
Antecedente de agosto
La petición al Ministerio también recuerda el operativo del 26 de agosto, cuando se desplazaron medios y maquinaria a Cueva de la Negra con el objetivo de ejecutar la demolición, pese a que entonces estaban vigentes medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura.
La intervención de septiembre había quedado finalmente paralizada después de que la defensa de la familia alegara que no se habían cumplido los cinco días hábiles de preaviso exigidos. Según la familia, el viernes 18 de septiembre fue festivo en Fuerteventura por las fiestas de Nuestra Señora de La Peña, por lo que el lunes 21 constituía únicamente el cuarto día hábil desde la notificación.
En su escrito, la familia solicita ahora que se conserven órdenes, correos electrónicos, comunicaciones internas, partes de servicio e instrucciones operativas para reconstruir la cadena de decisión, mando y ejecución del dispositivo. También pide que, si se detectaran incumplimientos, se depuren las responsabilidades que legalmente correspondan.
Un conflicto abierto
La petición se produce en un procedimiento que mantiene abiertos varios frentes administrativos, judiciales y patrimoniales alrededor de la vivienda de Cueva de la Negra, en la península de Jandía.
El Cabildo de Fuerteventura había adoptado medidas cautelares para suspender la demolición mientras estudiaba los posibles valores culturales y arqueológicos del inmueble. Además, el Gobierno de Canarias había solicitado al Estado aplazar cualquier actuación irreversible mientras se analizaban los antecedentes registrales de la vivienda y la posible existencia de derechos anteriores sobre los terrenos.
La familia de Pascuala Roger mantiene además un recurso de apelación contra el auto judicial que autorizó la entrada en la vivienda. La admisión del recurso no implica por sí misma la suspensión de la actuación.
Manifiestan también que se reservan el ejercicio de todas las acciones legales que considere oportunas para defender sus derechos y exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.
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