El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha impuesto 14 infracciones urbanísticas en el municipio de La Oliva, tras constatar la proliferación de edificaciones levantadas de forma irregular en suelo rústico con fines residenciales.
La actuación se enmarca dentro de la campaña de erradicación de construcciones ilegales y ordenación del territorio, impulsada para frenar este tipo de prácticas en zonas donde el uso urbanístico está expresamente prohibido.
Suelo rústico
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los agentes han desarrollado diversas actuaciones en terrenos clasificados como suelo rústico, después de detectar un incremento notable de construcciones irregulares en distintos puntos del municipio.
Las investigaciones se iniciaron al comprobarse la existencia de edificaciones con fines residenciales, recreativos e incluso industriales en suelos protegidos, donde este tipo de usos no están permitidos por la normativa vigente.
Impacto ambiental
Desde la Guardia Civil se alerta de que estas prácticas conllevan una grave degradación de espacios ambientales sensibles, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la calidad de vida de las comunidades que residen legalmente en la zona.
Los agentes subrayan que este tipo de ocupaciones ilegales genera un impacto directo sobre el paisaje y altera el equilibrio del entorno natural de la isla.
Tipos de infracción
Entre las 14 infracciones detectadas figuran la instalación de contenedores marítimos, caravanas, viviendas construidas con palets, edificaciones prefabricadas, otras estructuras similares y la acumulación incontrolada de residuos.
La Guardia Civil considera que estas conductas suponen un grave atentado contra el paisaje y contra los principios de protección del territorio en un entorno de alto valor natural como el de Fuerteventura.
Otras irregularidades
De forma paralela, y en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura, se han detectado hasta 28 infracciones adicionales relacionadas con residuos, bienestar animal y sanidad animal.
Una vez elaborados los informes técnicos correspondientes, estas actuaciones serán remitidas al Gobierno de Canarias, administración competente en estas materias.
Posibles sanciones
Las infracciones contra la ordenación del territorio pueden acarrear sanciones económicas de elevada cuantía, que en algunos casos pueden llegar hasta los 200.000 euros, además de la adopción de medidas administrativas complementarias.
Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de respetar la normativa urbanística y ambiental, recordando que la protección del territorio es una responsabilidad colectiva y una garantía para la conservación del patrimonio natural de las islas.