El Seprona de la Guardia Civil de Las Palmas ha identificado a varios conductores y a los responsables de distintas empresas que, presuntamente, organizaban y promocionaban rutas de motocrós por zonas no autorizadas de Fuerteventura.

Según ha informado la Guardia Civil, estas actividades se desarrollaban en espacios sometidos a restricciones y cierres temporales decretados por la administración insular para proteger áreas de especial valor ambiental durante el periodo de reproducción de las aves.

Investigación en espacios protegidos

Las pesquisas apuntan a que algunos de los recorridos se realizaban en terrenos incluidos dentro de las categorías de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC), enclaves que cuentan con un alto nivel de protección medioambiental.

Gracias a las labores de vigilancia y a la investigación desarrollada por los agentes, el Seprona logró identificar a los responsables de las actividades que estaban siendo objeto de seguimiento.

Paquetes turísticos bajo sospecha

La investigación también permitió comprobar que las empresas ofertaban paquetes turísticos que combinaban alojamiento con rutas en vehículos a motor por espacios naturales protegidos.

Además, según la información facilitada por la Guardia Civil, estas actividades carecían de la documentación y de las autorizaciones exigidas para el desarrollo de iniciativas de ocio y turismo activo en Canarias.

Sanciones de hasta 300.000 euros

Como consecuencia de los hechos detectados, los agentes formularon las correspondientes denuncias administrativas por presuntas infracciones de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Estas infracciones podrían derivar en sanciones económicas que oscilan entre los 600 y los 6.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la valoración que realice la administración competente.

Denuncias por posibles infracciones turísticas

Paralelamente, también se presentaron denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, al considerar que las actividades investigadas podrían vulnerar la normativa autonómica vigente.

En este caso, las sanciones contempladas por la legislación podrían alcanzar cuantías de entre 1.500 y 300.000 euros, según recoge la información difundida por la Guardia Civil.