La tasa turística que el Ayuntamiento de La Oliva pretende implantar por cada pernoctación se enfrenta a las dudas jurídicas del Partido Popular. La formación cuestiona la legalidad del cobro de 0,56 euros por noche y reclama paralizar su tramitación ante las advertencias de la Tesorería municipal y los posibles riesgos económicos para las arcas públicas.
El Partido Popular (PP) de La Oliva ha mostrado su rechazo a la aprobación inicial de la ordenanza fiscal con la que el Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria (CC) y el PSOE, pretende establecer una tasa turística de 0,56 euros por pernoctación.
Los populares fundamentan sus críticas en un informe desfavorable de la Tesorería municipal, que cuestiona la naturaleza jurídica del cobro, y en las posibles consecuencias económicas que tendría para el consistorio una eventual anulación de la ordenanza.
El portavoz municipal del PP, José Vicente Calero Saavedra, ha cuestionado que el gobierno local haya decidido continuar con la tramitación pese a las dudas jurídicas recogidas en el expediente.
Un informe cuestiona la tasa
Según el informe de la Tesorería incorporado al expediente, las estancias en establecimientos turísticos no pueden configurarse jurídicamente como una tasa, sino como un impuesto. Esta distinción resulta determinante, ya que los ayuntamientos no tienen potestad para crear esta última figura tributaria.
Calero Saavedra ha defendido que su partido no se opone a buscar recursos para mejorar los servicios públicos y afrontar los costes derivados de la actividad turística, pero considera necesario que cualquier medida de este tipo cuente con todas las garantías legales.
El PP sostiene que la advertencia de la Tesorería no constituye un simple trámite administrativo, sino un reparo jurídico que, a su juicio, debería haberse estudiado en profundidad antes de aprobar inicialmente la ordenanza.
El precedente de Mogán
Las dudas sobre la propuesta de La Oliva coinciden con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró nula la ordenanza de la tasa turística del municipio grancanario de Mogán.
La resolución cuestionó, entre otros aspectos, la justificación de los servicios que sustentaban el cobro y su relación con los costes correspondientes.
El PP reconoce que esta sentencia no determina automáticamente la ilegalidad de la propuesta de La Oliva, pero considera que representa un precedente relevante que obliga a actuar con prudencia antes de continuar con su tramitación.
Por este motivo, los populares solicitan que el asunto quede sobre la mesa y que se espere a que la sentencia de Mogán sea firme. De esta manera, defienden que el Ayuntamiento podría disponer de una valoración jurídica actualizada antes de avanzar con la ordenanza.
Riesgo de devolver el dinero recaudado
El PP también advierte de las posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento si la ordenanza termina siendo anulada.
Según la formación, el informe de Intervención alerta de que esta situación podría obligar al consistorio a devolver las cantidades recaudadas, además de afrontar el pago de intereses y los costes administrativos asociados a la gestión del tributo.
Los populares consideran que estas advertencias deben tenerse en cuenta antes de continuar con el procedimiento, tanto por las dudas sobre la legalidad del cobro como por el posible impacto económico para las arcas municipales.
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