El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha aprobado de forma definitiva la modificación de la Ordenanza Municipal de Edificación, una actualización normativa orientada a reforzar la seguridad jurídica, agilizar los trámites urbanísticos y adaptar el marco local a la legislación autonómica vigente.
La decisión, adoptada en pleno, pone fin a un proceso iniciado en enero de 2025, que ha incluido fases de consulta pública, aprobación inicial y exposición a información pública. Durante este periodo se presentaron alegaciones por parte del Colegio de Arquitectos de Fuerteventura y aportaciones de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, según ha detallado el Consistorio.
Proceso participativo y mejoras técnicas
Tras el análisis de estas aportaciones por los servicios técnicos y jurídicos municipales, el Ayuntamiento ha incorporado al texto final diversas mejoras, estimando total o parcialmente las alegaciones recibidas.
Entre los cambios introducidos figuran la flexibilización de los requisitos de aparcamiento en determinados casos, una regulación más precisa de la coexistencia de usos agrícolas en una misma parcela y la adaptación de los cerramientos en zonas litorales conforme a la normativa estatal de costas.
Agilización administrativa y claridad normativa
El nuevo documento también busca unificar criterios interpretativos, facilitar la labor de técnicos y profesionales del sector y reducir los plazos de tramitación administrativa, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión urbanística.
El alcalde, David de Vera, ha señalado que esta ordenanza supone “un paso decisivo” para dotar al municipio de un marco normativo más claro y actualizado, al tiempo que aporta mayor seguridad tanto a la ciudadanía como a los profesionales.
Adaptación a la normativa autonómica
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Ana Hernández, ha destacado que la modificación permitirá simplificar procedimientos y mejorar la calidad de los proyectos, alineándolos con las necesidades actuales del municipio.
La actualización responde además a la obligación de adecuar la normativa municipal a la Ley del Suelo de Canarias y a sus reglamentos de desarrollo, así como a los cambios normativos introducidos en los últimos años en materia urbanística.